El 2016 dejará a los últimos cinco presidentes que gobernaron El Salvador bajo la lupa de la justicia por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, algunas de las cuales presentan indicios de enriquecimiento ilícito.
De los cinco exmandatarios, tres de ellos afrontaron o afrontan procesos judiciales que trascienden el ámbito civil y han pasado al plano penal; los otros dos, aunque cualquier causa penal haya prescrito en contra de ellos, cabe la posibilidad que se les aplique la Ley de Extinción de Dominio.
En orden cronológico, el primer señalado es el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien junto con su sucesor, Armando Calderón Sol (1994-1999), están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestos delitos de corrupción durante su mandato, a raíz de una denuncia ciudadana.
Recientemente, el jefe de la Sección de Probidad de la CSJ, Carlos Pineda, confirmó que existen expedientes abiertos contra los primeros jefes de Estado del partido ARENA, pero que resulta difícil reunir toda la investigación bancaria necesaria, ya que la misma es muy antigua.
Pineda agregó que en los casos de Cristiani y Calderón Sol se ha tenido que reconstruir la información faltante, pero que espera en breve formular ambos exámenes patrimoniales.
Tanto a Cristiani como a Calderón Sol ya no se les puede aplicar la Ley de Enriquecimiento Ilícito, debido a la prescripción de causa, tras cumplirse 10 años de dejar su cargo público.
Foto transparenciaactiva
No obstante, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, sostuvo que de encontrarse irregularidades en sus exámenes patrimoniales, se les podría aplicar la Ley de Extinción de Dominio, que implica la expropiación por parte del Estado de bienes adquiridos de formas ilícitas.
El caso del fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004) es muy parecido al de sus predecesores en el plano civil, ya que el período para ser procesado por enriquecimiento ilícito prescribió; no obstante, su familia puede afrontar una responsabilidad civil por los delitos de corrupción que lo llevaron a ser procesado penalmente, y a pisar bartolinas policiales.
Un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fue revelado a finales de noviembre de 2013 por el expresidente Mauricio Funes. En él se detallaban movimientos en cuentas bancarias de Francisco Flores, que llamaron la atención al no identificarse un origen lícito de los mismos.
Foto D1, archivo.
De acuerdo con la acusación de Mauricio Funes, el expresidente Flores habría desviado 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán como parte de la ayuda para los damnificados de los terremotos de 2001 en El Salvador. Dicho dinero habría sido desviado a diversas cuentas y según investigaciones periodísticas, habrían financiado la campaña del expresidente Elías Antonio Saca,
En 2014 la Fiscalía presentó una acusación penal contra Flores y se le dictó una orden de captura internacional. En septiembre del mismo año, el exmandatario decidió entregarse a la justicia y enfrentar el proceso legal, el cual llegó a la fase de vista pública o juicio.
En los días previos a dicha vista pública, Flores sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma, provocándole la muerte el sábado 30 de enero en un privado de la capital.
Pese a que la acción penal contra Flores proscribió al momento de su muerte, la acción civil continúa y el Tribunal Quinto de Sentencia programó la audiencia por responsabilidad civil contra la familia del exgobernante para los días 15, 16 y 17 de febrero de 2017.
En la audiencia el tribunal deberá resolver la responsabilidad civil del expresidente Flores por el supuesto desvío de fondos. En caso de ser encontrado culpable, se definirá el monto para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie el proceso de extinción de dominio.
Cabe mencionar que un examen hecho por la Sección de Probidad de la CSJ, revelado en marzo de este año, encontró movimientos no justificados en las cuentas de Flores y su esposa, los cuales ascienden a casi $4 millones.
El sucesor de Flores, Elías Antonio Saca, enfrenta la situación más comprometida de los cinco exmandatarios bajo la lupa de la justicia, ya que actualmente guarda prisión junto a seis de sus exfuncionarios, mientras aguarda un proceso penal por delitos como peculado y lavado de dinero, al desviar fondos públicos por un monto de $240 millones de dólares.
En el caso de Saca, la acción penal ha venido a opacar su causa civil por enriquecimiento ilícito, ya que el examen a su declaración de probidad arrojó un excedente injustificado de cerca de $8 millones, tanto de él como de su esposa Ana Ligia Mixco Sol De Saca.
Foto D1, archivo.
Como parte del proceso penal, la Fiscalía ordenó congelar un importante número de cuentas bancarias, ligadas al matrimonio Saca Mixco. Dado que su período para ser procesado por enriquecimiento ilícito no vence sino hasta 2019, todavía puede ser condenado a devolver al Estado la cantidad que se determine que pudo haber adquirido ilícitamente.
Similar destino enfrenta Mauricio Funes (2009-2014), quien es procesado por enriquecimiento ilícito junto a su exesposa, Vanda Pignato, y su audiencia civil está programada para inicios de enero de 2017.
La causa se originó luego de una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno que declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito al no justificar un incremento patrimonial de más de $700,000.
En detalle, se le achaca al expresidente un aumento patrimonial no justificado de $552,669, mientras que la exprimera dama, en calidad de cónyuge, canceló seis cuentas con $57,060 cuya procedencia de los fondos es desconocido y Diego Funes es demandado por la cantidad de $118,600, monto que presuntamente utilizó para la compra de vehículos.
Foto arte D1, archivo.
En audiencia preparatoria realizada en septiembre pasado, la Cámara decidió nombrar el perito de la Superintendencia del Sistema Financiero para determinar los ingresos y los gastos de los investigados. Asimismo, si a las cuentas de Mauricio Funes ingresaron más de $600,000 provenientes de fondos recolectados por el movimiento “Amigos de Mauricio” que apoyó al exfuncionario durante la campaña presidencial.
Además, el perito tendrá que determinar el origen del dinero que el expresidente recibió de las empresas Agrosuministros y Multimedia, ambas S.A de C. V, esta última, ligada al expresentador de noticias Jorge Hernández.
Durante la gestión presidencial, Funes y su exesposa Vanda Pignato pagaron créditos adeudados por un monto superior a los $221,000, generando además un ahorro de $150,000. De acuerdo con los fiscales del caso, con los haberes y obligaciones que tenían Funes y Pignato como núcleo familiar, es inconcebible que lograran tal ahorro.
Además de este proceso, el exmandatario es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación y negociaciones ilícitas, que ocurrieron durante su mandato.
Funes, su actual pareja Mitchell Guzmán y tres de sus hijos viven en Nicaragua con asilo político, después que el ex mandatario manifestara que existe un plan para atentar en contra de su vida y de sus familiares. Sin embargo, para otros políticos simplemente huyó de la justicia.