Los cinco grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa presentaron este martes sus ternas con nombres para ser electos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Del cruce de nombres, ya se puede ver coincidencias y personas que ya contarían con el camino allanado para ser electos en la Sesión Plenaria de este jueves.
Ángel Antonio Cañenguez es el nombre que ya tendría virtualmente su puesto en el ente contralor. Surgido de la terna de ARENA, él ya contaría con al menos 46 votos para llegar a la magistratura, de acuerdo a lo expresado por los representantes de los grupos parlamentarios, que se reunieron este martes en la Comisión Política.
Otros nombres que figuraron en la discusión todavía no cuentan con los 43 votos necesarios para pasar el corte, pero estarían a un paso de lograrlo. Dichos candidatos son Karen Yamileth Cruz y Marco Grande, que contarían en el papel con 42 votos asegurados.
Marco Grande fue uno de los magistrados removidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual en junio pasado declaró que la elección hecha por la Asamblea, no documentó la no afiliación partidaria de los magistrados.
La Sala señaló que Marco Grande estaba afiliado al Partido de Concertación Nacional (PCN), que precisamente lo volvió a nominar este martes.
Otro nombre con importante cantidad de apoyos es Saúl Flores Aguirre, quien contaría con 41 votos.
Por su parte, el FMLN propuso una terna de cuatro nombres, los cuales no coincidieron con los presentados por el resto de partidos. Tanto Osmín López, William Zúñiga, Francisco Mejía y Douglas Mirón, cuenta con la venia de los 31 diputados efemelenistas.
La elección de los magistrados del ente contralor pasó a ser de suma urgencia, ya que solo el presidente de dicha entidad puede avalar préstamos contraídos por el Estado, de acuerdo al artículo 195 de la Constitución.
El gobierno precisa redimir $550 millones en bonos valores para financiar gasto corriente de urgencia, pero no puede hacerlo, ya que desde agosto pasado, la Corte es dirigida por una comisión transitoria que no tiene las facultades constitucionales.