La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de su relatora para la independencia de Abogados y Magistrados, Mónica Pinto, expresó este jueves su preocupación por las crecientes tensiones entre el gobierno y ciertos sectores afines al oficialismo hacia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En repetidas ocasiones, el presidente Salvador Sánchez Cerén ha acusado a los magistrados de dicha Sala de formar parte de una estrategia de desestabilización contra el gobierno, debido a que dicha instancia ha declarado inconstitucionales, diversos mecanismos encaminados a dotar de recursos económicos al Ejecutivo.
Algunas resoluciones que han confrontado al gobierno contra la Sala son la inconstitucionalidad del Fondo de Asistencia a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) y el congelamiento de $900 millones en títulos valores que pretendía usar el gobierno para financiar gasto corriente.
“Si bien en un régimen democrático el derecho a manifestarse pacíficamente es fundamental, las acciones, incluyendo bloqueos, que impiden el adecuado funcionamiento del poder judicial y ponen en riesgo la seguridad y la integridad física de los magistrados constituyen un ataque inaceptable en contra de la independencia judicial”, sostuvo la relatora a través de un comunicado.
Lo anterior, en alusión a las últimas protestas encabezadas por sectores afines al oficialismo en municipios al interior del país, donde los magistrados de dicha Sala tenían planificadas actividades para difundir la Constitución.
“Los pronunciamientos de funcionarios públicos al más alto nivel del Estado también podrían considerarse una forma de intimidación” (…) “Los fallos de la Sala de lo Constitucional son sentencias de última instancia, y como tal deben respetarse, aún cuando existan diferencias”, subrayó la Relatora Especial.
Pinto instó a las autoridades a respetar las sentencias de la Sala y parar los ataques personalizados e individualizados contra los magistrados.