La orden que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitiera el pasado 1 de septiembre viene en tres vías: además de revelar el detalle y gasto de los viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes en su gestión, se deben publicar los gastos en actos protocolarios para dignatarios de otros países, además del diseño y costo de las campañas de publicidad de la época, incluyendo a las agencias de publicidad contratadas.
El detalle de la información existente en Casa Presidencial desde 1989, relacionada al número de viajes de cada presidente de la República ya ha sido expuesta al público por el gobierno, pero aun no se conocen los contratos y las erogaciones que el gobierno de Funes efectuó para sus campañas publicitarias.
Esos tres rubros habían sido declarados reservados por Casa Presidencial, razón por la que procedió una apelación al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En una resolución emitida el 18 de diciembre de 2014, dicha instancia ordenó levantar parcialmente la reserva sobre los contratos y gastos de publicidad, solo en lo referente en los montos gastados cada año de la gestión Funes.
No obstante, la información acerca del servicio de agencias publicitarias, diseño, producción e implementación de campañas publicitarias gubernamentales a partir del año 2010 siguió reservada ¿La razón? El IAIP consideró que había un presunto riesgo de colusión en una declaratoria de acceso público a dicha información.
El abogado Herbert Danilo Vega Cruz interpuso un amparo contra dicha resolución, argumentando que el IAIP antepuso el factor de la libre competencia y el riesgo de colusión a los derechos constitucionales a la protección no jurisdiccional y de acceso a la información pública con el propósito de no dar a conocer los gastos en que incurrió la Presidencia de la República durante el periodo de Funes.
“La libre competencia entre las empresas dedicadas al ramo podía verse perjudicada al publicarse tal información, puesto que en uno de sus informes el ente 4 obligado había demostrado un riesgo real de colusión en el marco de las contrataciones públicas de publicidad en caso de que la información requerida hubiera salido a la luz”, dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional, respecto al argumento del IAIP.
Al levantar la reserva sobre dicha información, la Sala podría abrir la puerta a los nexos entre Funes y uno de los principales operadores políticos de la destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Se trata de Joao Santana, quien fue presidente de la agencia de publicidad Polistepeque en El Salvador.
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Publicaciones como las de el periódico digital El Faro sostienen que Polistepeque manejó desde 2010, no solo la publicidad de la Presidencia, sino la de 17 instituciones del Órgano Ejecutivo. El presidente Funes expresó que no había agencia de publicidad con la calidad de Polistepeque para manejar la pauta publicitaria gubernamental.
Santana presidió la empresa Polistepeque, agencia de publicidad que dirigió las campañas publicitarias de la Presidencia hasta su salida de El Salvador en 2012. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en 2012, Casa Presidencial no ha trasparentado la relación que tuvo con dicha agencia.
Dicho publicista fue arrestado en Brasil por las autoridades de ese país el 23 de febrero pasado, en una serie de operativos contra otrora poderosos e influyentes personeros del gobierno de Rousseff, que a la postre acabaron con la dimisión de la presidenta mediante un juicio político.
Entre las imputaciones a Santana está el pago de 90 millones de reales (un poco más de 27 millones de dólares) que habría recibido de parte del Grupo Odebrecht, una compañía inmobiliaria ligada al escándalo de corrupción de la petrolera estatal brasileña Petrobras.
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De acuerdo con la Policía Federal Brasileña, la constructora habría pagado dicho monto a Santana para la campaña del PT en 2014, a través de cuentas en el exterior y no declaradas en Brasil. Esa misma empresa estuvo precalificada para continuar con la obra de construcción de la presa El Chaparral, pero luego fue retirada de la licitación.
“Hay indicaciones claras de que esos valores tienen origen en la propia corrupción en Petrobras”, dijo sobre el caso, el fiscal brasileño Carlos Fernando dos Santos Lima.
Por dichos nexos, el partido ARENA intentó sin éxito crear una comisión especial legislativa que investigara la relación Funes-Santana.
Mauricio Funes enfrenta actualmente una investigación por parte de la Fiscalía General de la República por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, por los cuales han sido allanadas dos de sus casa, en las que se han encontrado una gran cantidad de artículos considerados de lujo.
Además, dentro de una semana encarará una audiencia por un juicio civil abierto por una Cámara especializada, debido a indicios de enriquecimiento ilícito encontrados en su declaración de probidad.