René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, insistió que las reformas a la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) aprobadas por la Asamblea Legislativa tienen ilegalidades que atentan contra la institucionalidad.
“Estas reformas no fueron discutidas por ninguna comisión en la Asamblea Legislativa.La Constitución es clara cuando dice que cualquier deuda debe aprobarse con 56 votos, no con dispensa de trámite. Además, las reformas no le dicen al gobierno cuándo pagará la deuda a los pensionados”, afirmó el parlamentario, durante el programa Debate con Nacho, en el canal VTV.
Portillo explicó que las reformas a la Ley del FOP consisten en que el gobierno pedirá prestado más recursos al fondo de pensiones para realizar los pagos a los jubilados, pero el gobieno omitirá la deuda con la emisión de titulos valores. «El gobierno tomará las pensiones de los trabajadores para pagar sus problemas de caja”, manifestó.
Antes de la aprobación de las reformas, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) emitió un comunicado, informando que, de aprobarse las medidas, los trabajadores nunca recibirán el pago del capital e intereses de los más de $5 mil millones que obligatoriamente le han prestado al gobierno.
“Esta reforma implica un ciclo infinito de generación de deuda, la cual irá creciendo sin control en el tiempo, sin garantía de pago para los trabajadores”, subrayó.
Además, financiar el pago de capital e intereses con la compra obligatoria de los mismos títulos es concentrar más el ahorro de los trabajadores en instrumentos de baja rentabilidad, lo que provocará pagarles bajas pensiones, según Asafondos.
Por su parte, el diputado Calixto Mejía, del FMLN, justificó las reformas aplicadas a Ley de FOP, ya que esto permitiría que los jubilados reciban sus pensiones en los próximos meses. “Nosotros realizamos la reforma para garantizar el pago de pensiones a tiempo”, aseguró durante el programa de Nacho Castillo.
Mejía destacó que las reformas a la Ley de FOP fueron las opciones viables ante la negativa de ARENA de aprobar los préstamos por $71 millones y $1,200 millones para que el gobierno cumpla con sus obligaciones. “Tuvimos que realizar las reformas porque no se aprobaron los préstamos. Recordemos que esta problemática tiene su origen en 1996 cuando se privatizó el sistema de pensiones”, manifestó.