Solo un día después que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que permitirá generar más deuda con los fondos de pensiones para pagar la deuda de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo.
La medida fue aprobada en la Sesión Plenaria del pasado jueves con 46 votos y sin el concurso de la fracción del partido ARENA, la cual votó en contra de la idea.
Con el decreto, el Legislativo le da la potestad al gobierno para contar con $71.5 millones para pagar los certificados de inversión previsional (CIP) que deben ser honrados en octubre para no dejar de cumplir su compromiso de pagar las pensiones del sistema público, y que hubiera hecho caer al país en “default” o impago con las entidades monetarias internacionales.
Las fracciones que votaron a favor de la medida, la justifican en el sentido de que esta garantizará la ejecución de responsabilidades que demanda el FOP, además del pago de pensiones, pago a intereses, comisiones y abonos a capital, para ello se emitirán CIP y de los recursos obtenidos se cumplirá con las responsabilidades.
No obstante, diversas críticas generó el decreto que se aprobó con dispensa de trámite, hasta el punto de advertir que el mismo tendría que enfrentar demandas de inconstitucionalidad, por no haberse discutido lo suficiente el dictamen y porque se contrajo deuda pública sin mayoría calificada (56 votos).
Al respecto, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, dijo que la dispensa de trámite es parte del reglamento de la Asamblea y que la discusión de la propuesta fue pública, por lo que confía en la legalidad de la reforma.
Sin embargo, ANEP cuestiona que con el decreto se pretende que el gobierno no honre la deuda con los cotizantes al fondo de pensiones, del cual se habrían sacado según sus cifras, $2,000 millones desde 2006.
Además urgió al gobierno y a la clase política a establecer un pacto fiscal con el que no se eluda la solución de los problemas de caja con los que cuenta el gobierno.