El Ministerio de Hacienda, Carlos Cáceres, acudió este lunes a la Asamblea Legislativa para solicitar de urgencia aprobar bonos por $71.5 millones para pagar los certificados de inversión previsional (CIP) que deben ser honrados en octubre para no dejar de cumplir su compromiso de pagar las pensiones del sistema público.
El funcionario justificó la medida en el hecho de que la Asamblea no aprobó la reforma de pensiones que proponía el gobierno, la cual planteaba la creación de un fondo de reparto público que operaría y captaría cotizaciones paralelamente con el sistema privado de pensiones.
Agregó que estos títulos valores pueden ser un adelanto del paquete de $1,200 millones de dólares que el gobierno está solicitando para financiar gasto corriente, en compensación de los de $900 millones en bonos de la misma índole, que recientemente fueron declarados inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los $71.5 millones que urge el gobierno, es para honrar el último de los 4 pagos anuales que hace el gobierno por los CIP, lo cual constituye la deuda más grande que tiene el gobierno actualmente, y el gobierno podría caer en default (impago) de no llegar a cumplir ese compromiso.
El paquete de $1,200 millones en letes que necesita el gobierno, están siendo discutidos con una delegación de ARENA, para convencerlos de que den su aval en la Asamblea Legislativa, ya que dicho partido mantiene la llave de los 56 diputados que desatascaría el acceso a dichos bonos.
Este lunes, el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que la “falta de liderazgo” en ARENA hace difícil el acuerdo. El nuevo presidente de dicho instituto político, Mauricio Interiano, mencionó que no se trata de liderazgos, sino de que el gobierno muestre voluntad para sanear las finanzas públicas.
“Desde marzo estamos presentando propuestas (para Ley de responsabilidad fiscal), tenemos que ver la voluntad del gobierno para que haya acuerdos”, contestó Interiano, quien además espera un mejor manejo del presupuesto general de la nación, próximo a ser presentado en la Asamblea Legislativa.
Además reiteró que el problema del gobierno no ha sido de recursos, sino en gestión de los mismos, y que se debe pensar mejor en conceder al gobierno la emisión de bonos valores que necesita por $1,200 millones: “No podemos ser irresponsables en dar $1,200 millones que solo va a refinanciar deuda”, aseveró.
La primera reacción ante el pedido del ministro Cáceres vino de la diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón, que criticó que el gobierno no haya presupuestado en el gasto público del actual período fiscal, que necesitaba $71.5 millones para pagar los CIP.
De acuerdo con estudios de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), desde enero de 2014 a mayo de 2016, el gobierno ha emitido $2,468 millones en letes para financiar gasto corriente.
Esta entidad cuestiona la constante solicitud por parte del gobierno de fondos provenientes de deudas a largo plazo para cubrir gastos emergentes, ya que afirma, en base a datos del mismo ejecutivo, que aun no se han ejecutado $842.5 millones de los préstamos aprobados durante los últimos seis años.
Además ha recomendado que se debe instaurar que la emisión de letes no debe superar el 10 por ciento de los ingresos percibidos por el Estado los tres años anteriores y que se debe detener la práctica de pagar deuda de corto plazo con deuda de largo plazo, tal y como pretende hacer ahora el gobierno.