El caso de asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua al expresidente Mauricio Funes, su pareja sentimental Ada Mitchell Guzmán y tres de sus hijos, ha provocado diferentes reacciones por parte de sectores de la sociedad.
Para el doctor René Hernández Valiente, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el asilo es una solicitud que solo lo piden opositores de los gobiernos en turno, quienes huyen de su país para resguardar su vida, no para delitos considerados comunes.
“No veo que Mauricio Funes sea un perseguido político por el gobierno actual. El riesgo que tiene es enfrentarse a la justicia del país. Es un caso inédito donde un expresidente pide asilo cuando su partido político se encuentra en el gobierno. Nicaragua le está haciendo un favor a él y a su familia”, aseguró Hernández en el programa Debate con Nacho, en canal VTV.
El ex mandatario indicó, a través de su cuenta de Twitter, que solicitó el asilo por su seguridad y porque considera que “existe un plan de atentados de la extrema derecha en mi contra”.
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Funes por los delitos de peculado, enriquecimiento, malversación de fondos, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias.
Hernández Valiente explicó que el asilo político no tiene una ley o norma que debe seguirse y queda a discreción del país receptor aceptar o no la petición. Además, señaló que el asilo al ex mandatario no obstaculiza al Ministerio Público para continuar con sus investigaciones contra el funcionario.
“El asilo del expresidente Funes es una coraza de impunidad para que no sea juzgado en el país. La Fiscalía podría juzgarle, pero no extraditarlo”, manifestó el exmagistrado
Para Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, quien también participó en el referido programa televisivo, existe la posibilidad de extradición del ex presidente, debido a los tratados internacionales firmados por Nicaragua y El Salvador.
“En este momento existe un proceso de investigación contra el exmandatario, pero no un proceso jurídico. En caso que la Fiscalía encuentre un delito en la investigación, puede recurrir a las convenciones internacionales para solicitar un proceso de extradición”, manifestó.