En un escueto comunicado oficial, el gobierno salvadoreño rechazó la decisión tomada el pasado día miércoles por el Senado brasileño de remover de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, acusada de ocultar y maquillar cuentas públicas que se encontraban en números rojos a raíz del escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal Petrobras.
En el comunicado, el gobierno se dijo “respetuoso del principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, pero no dudó en expresar “su más enérgico rechazo a la manipulación política por la que se llegó a la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, sin haberse comprobado la existencia de crimen de responsabilidad”.
También mostró su preocupación, al considerar que “esta decisión atenta contra la estabilidad democrática y contra los avances políticos y sociales alcanzados por ese país en los últimos años y representa una seria amenaza para la democracia, la paz, la justicia, el desarrollo y la integración latinoamericana”.
El 14 de mayo pasado, el presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que no reconocería el gobierno del presidente interino Michel Temer y mandó a consultas a la embajadora salvadoreña acreditada en Brasil.
Tras conocerse el desenlace del impeachment que removió a Dilma Rousseff, el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que serán el presidente Sánchez Cerén y el canciller Hugo Martínez los que decidan el rumbo de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Brasil, fortalecidas desde la llegada de la izquierda al Ejecutivo.