La fracción legislativa del partido ARENA protestó por la concesión de asilo político al expresidente Mauricio Funes por parte del gobierno de Nicaragua, medida que según afirman, atentó contra convenios internacionales referentes al asilamiento político.
“Los estados no deben servir de casa de retiro de políticos corruptos”, señaló el diputado Bonner Jiménez, durante una conferencia de prensa en la que condenaron la «intromisión abusiva» del FMLN en el proceso de solicitud de asilo para el expresidente Funes.
La bancada arenera recalcó el hecho que Funes es, apenas, el prime presidente de izquierdista FMLN y dos años después se asila en Nicaragua. El diputado Jiménez agregó que de continuar las cosas igual: “En unos años podríamos tener a Sánchez Cerén pidiendo asilo al igual que Funes”.
Funes está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, para establecer si durante su mandato se cometieron delitos como peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Dicha investigación ha venido acompañada de una serie de allanamientos a las viviendas del exmandatario en El Salvador y a los negocios propiedad del empresario Miguel Menéndez Avelar, amigo cercano de Funes.
Los diputados areneros cuestionaron los criterios con los que se confirió asilo político a Funes desde el pasado 1 de septiembre. Según la diputada Margarita Escobar, el exmandatario no puede decir que es un perseguido político, porque El Salvador es gobernado por el FMLN, partido con el que llegó al poder en 2009.
A Escobar también le sorprende que el gobierno nicaragüense haya determinado en un día que la vida del expresidente Funes corría peligro en El Salvador para darle asilo político, ya que según el mismo Funes, él empezó a solicitar su asilo el 31 de agosto y el gobierno de Nicaragua le concedió el beneficio un día después, el 1 de septiembre.
Funes argumentó que solicitó el asilo político a Nicaragua, por considerar que tiene “fundadas razones” para señalar un plan de atentados en contra suya y de su familia, por parte de la “extrema derecha del país”.
El expresidente señaló también que con el asilo no pretende evadir la justicia ni los procesos en su contra. El 12 de septiembre próximo, está citado a una audiencia judicial por el juicio civil que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.
ARENA solicitó a la Asamblea Legislativa la emisión de un pronunciamiento, reiterando los lazos entre Nicaragua y El Salvador en el combate a la corrupción, a la vez que confía en que esta situación se resuelva “de acuerdo a derecho”.
Al respecto, Margarita Escobar recordó que El Salvador y Nicaragua son suscriptores de la Convención Interamericana contra la Corrupción, por lo que en el escenario de una orden internacional de captura, el gobierno nicaragüense debe colaborar con la justicia salvadoreña.
La diputada Nidia Díaz, del oficialista partido FMLN, dijo por su parte que la Fiscalía General de la República ya poseía una orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes desde el 19 de agosto, cuando la entidad empezó los allanamientos a las casas del exmandatario.
También insistió que el asilo político otorgado por Nicaragua desde el 1 de septiembre pasado, no impide ni detiene el procedimiento civil que el Órgano Judicial sigue contra el exmandatario por enriquecimiento ilícito.
Recientemente, el presidente Salvador Sánchez Cerén, sostuvo que hay sectores que anhelan vengarse de Mauricio Funes, debido a los casos de corrupción de gobiernos de ARENA que él sacó a la luz.
Respecto al asilo político otorgado por Nicaragua, el gobierno salvadoreño se ha limitado a decir que respeta la decisión soberana de dicho país y que deberá ser el expresidente que explique las razones que lo llevaron a pedir la condición de asilado político.