La diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, aseguró que no permitirán que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impulsen una nueva guerra en el país con la sentencias de inconstitucionalidad sobre temas de mucho interés para la sociedad salvadoreña.
Peña aseguró que El Salvador tiene un ruta de paz y construcción de un proceso democrático, por lo que insistió que lucharán por mantener dichos logros tras 12 años de conflicto armado.
“En cada época es necesario ir construyendo nuevos elementos de entendimiento para que nunca más volvamos al pasado. Yo fui guerrillera y les pudo decir que no es nada grato estar en una condición de guerra, pero el que más sufre es el pueblo. A nosotros la oligarquía nos puso en aquella guerra, pues no vamos a permitir que hoy la oligarquía usando a la Sala de lo Constitucional le herede a las nuevas generaciones una situación de opresión que los lleve a situaciones de conflicto”, dijo la titular de la Asamblea Legislativa sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en la radio Mayavisión 106.9 fm.
La exguerrillera culpó a la oligarquía salvadoreña de los principales crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra y afirmó que la guerrilla, según el informe de la Comisión de la Verdad, solamente realizó el 5% de masacres durante dicho periodo.
“La comisión de la verdad dijo que el 95% de los casos y delitos fueron cometidos por escuadrones, paramilitares, Ejército y cuerpos represivos. EL 95% de asesinatos y crímenes contra los derechos humanos. El 5% se podría atribuir a la guerrilla”, explicó la diputada del partido de gobierno.
Peña insistió que la Fuerza Armada y grupos al margen de la ley fueron financiados por familias adineradas y muchas de las masacres fueron ideadas desde el Estado al servicio de la oligarquía, que según ella, es la que sigue moviendo los hilos del partido ARENA.
Finalmente, la diputada aseguró que el FMLN está a favor de que haya verdad, justicia y reparación, para las familias de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y propuso la creación de una nueva ley de reconciliación nacional para los salvadoreños.