La Asamblea Legislativa aún no ha procesado bien el golpe que supuso las sentencias emitidas el pasado 13 de julio por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), principalmente el fallo que dejaba sin efecto la función de los diputados suplentes.
De tal forma ha golpeado esta resolución, que a lo largo de la semana las comisiones legislativas no se han podido reunir de manera normal y la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, decidió no convocar la habitual plenaria de este jueves.
Aunque la Sala resolvió la inconstitucionalidad de la emisión de 900 millones de dólares en títulos valores que el gobierno necesitaba para financiar el funcionamiento de diversas carteras. Dado que dicho proceso se dio con el concurso de diputados suplentes el pasado año 2015, la Sala amplió el alcance de su sentencia hacia la figura del diputado suplente.
El argumento de la Sala radica en que dichos diputados no gozan del voto popular, a diferencia de los legisladores titulares.
Desde entonces se ha escuchado posiciones de diversas bancadas como la de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), la cual planteó que “defenderá” a los diputados suplentes, para que logren terminar la legislatura de 2015-2018.
Pero de la misma forma, tanto GANA como el partido ARENA han planteado la idea que para las elecciones de 2018, los rostros de los diputados suplentes aparezcan en la papeleta de diputados, junto con los titulares.
Fracciones como la del FMLN argumentan que la resolución de la Saña atenta contra la institucionalidad del país, pero los diputados de ARENA aprecian como exagerado el hecho de la no convocatoria a plenaria, pero si admiten que la eliminación de diputados suplentes ha creado un problema de funcionalidad en el Primer Órgano del Estado.
Por tal razón, las cinco fracciones parlamentarias se pusieron de acuerdo en pedir una reconsideración a la Sala de inconstitucionalidad, en relación con la sentencia de los diputados suplentes: “Desde el año de 1992, nuestro país se ha caracterizado por realizar elecciones libres, democráticas y transparentes, situación que garantiza que los funcionarios de elección Popular cuenten con el apoyo expresado por el pueblo en las urnas, por lo que con esa sentencia se estaría desconociendo la voluntad del pueblo y con ello el Estado de Derecho”, dice el documento enviado por la Asamblea a la Sala.