El Salvador
lunes 25 de noviembre de 2024

La odisea legislativa y el vaivén arenero para aprobar bonos para seguridad

por Gerardo Arbaiza


Al menos cuatro nuevas condiciones fueron impuestas por el partido de oposición para convencerse de votar por las medidas que financiarán combate al crimen.

La Sesión Plenaria legislativa de este jueves venía antecedida de reuniones sostenidas el miércoles por la fracción de ARENA y varios miembros del gabinete de seguridad del gobierno. Las reuniones terminaron con la impresión que se había zanjado el camino para que el partido tricolor desmontara su negativa de votar por 152 millones de dólares en bonos valores para financiar las medidas de seguridad que impulsa el Ejecutivo desde marzo.

ARENA se negó por cuatro plenarias seguidas a dar sus votos, argumentando que necesitaban garantías que los fondos producto de la colocación de bonos irían dirigidos a apoyar las medidas de seguridad. Para tener esas garantías la bancada arenera proponía la creación de una entidad con participación del Ejecutivo y la empresa privada, que verificara la ejecución de bonos provenientes de deudas, algo a lo que se negó la fracción del partido oficial, el FMLN.

También querían cerciorarse que los fondos no fueran a parar al Fondo General de la Nación, para que no se usaran en otros rubros. Luego de varias semanas de reuniones bilaterales entre las bancadas arenera y efemelenista, e incluso reuniones con ambos representantes del gobierno, parecía que ARENA cedía a la petición de aprobar los bonos para seguridad.

Pero no había ni siquiera comenzado la plenaria, cuando por la mañana surgía un nuevo “pero” por parte de ARENA: El presidente de dicho partido, Jorge Velado, señalaba que en el proyecto de decreto para aprobar los bonos, se encontraba un “préstamo puente”, del cual el gobierno podría echar mano, mientras esperaba que fueran colocados y redimidos los bonos en el mercado de valores, proceso que de acuerdo con expertos, lleva cuando menos unos cuatro meses.

Velado exigió que ese préstamo puente tuviera que pasar por el mismo proceso de contratación y ratificación de préstamos que se sigue en la Asamblea, es decir, la contratación aprobada por 43 votos y la ratificación del mismo con 56.

La nueva condición de ARENA no cayó en gracia en el resto de partidos: Rolando Mata del FMLN expresó que se trataba de una “estratagema” por parte de ARENA para no apoyar los bonos, mientras que Rodolfo Parker del PDC opinó que no se debía perder la oportunidad de aprobar los fondos para el combate a la delincuencia.

La plenaria empezó alrededor de las 10:30AM, y no demoró mucho tiempo para que la presidente del Legislativo, Lorena Peña, decretara un receso hasta las 2:00PM, principalmente para que ARENA decidiera si apoyaría o no la emisión de bonos para seguridad. Acto seguido, Lorena Peña explicó a los medios que la emisión de un préstamo puente, es normal cuando la Asamblea avala al gobierno la emisión de bonos valores.

“Si ARENA perdonó al diputado Muyshondt, deben votar hoy por bonos”, sentenció Peña, en momentos que el legislador arenero Ernesto Muyshondt estaba presente en la sala de conferencias del Salón Azul. No pasó mucho tiempo para que respondiera al comentario de Peña y “lamentara el papel” jugado por la presidente del Legislativo.

La plenaria se reanudó pasadas las 3:00PM, tiempo en el que se conoció que se había retirado del proyecto de decreto, el préstamo puente que incomodaba a ARENA, pero buena parte de su bancada dio una conferencia de prensa para anunciar más condiciones a la aprobación de los fondos.

Foto D1/Rodrigo Sura

Foto D1/Rodrigo Sura

Entre otras cosas, la diputada Ana Vilma de Escobar solicitó una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea, que facilitara la rendición de cuentas cada 90 días de la ejecución de préstamos por parte de las instituciones beneficiadas con fondos provenientes de deuda; además recalcó en que los fondos fueran a parar a una cuenta del Banco Central de Reserva (BCR) para su erogación a los rubros destinados.

Ante este nuevo panorama, la presidente de la Asamblea Legislativa fue hacia los curules de los diputados de ARENA a aclarar dudas en torno al dictamen. El pequeño cónclave dio espacio a pequeñas reuniones entre diputados de ARENA, quienes solicitaron un nuevo receso en la Plenaria para definir su posición.

“Apresar de haberse modificado el decreto de seguridad como ARENA lo solicitó. Aún no saben si votarán”, colocó Peña en su cuenta de Twitter, al momento que otorgaba el receso solicitado por la bancada tricolor.

Tras el receso, se empezó a leer el dictamen para la aprobación de los bonos, momento en el que ARENA expresó una nueva observación, esta vez a la redacción de los artículos en los que se establece los rubros a los que irán dirigidos los bonos, razón por la cual, la bancada solicitó un nuevo receso en la Plenaria.

Durante el receso, la bancada completa de ARENA se reunió en el Salón VIP del recinto legislativo, para definir posición sobre las dudas que tenían en cuanto al decreto, sería el diputado René Portillo Cuadra quien explicaría la nueva redacción que su bancada quería para el decreto.

Portillo Cuadra mencionó que, en lugar de la frase “podrán ser usados”, se debería poner “deberán ser usados”, esto en alusión a las entidades que se beneficiarán de los bonos, a la vez que recalcó los mecanismos de contraloría y rendición de cuentas solicitados previamente.

Una vez la nueva redacción propuesta por ARENA fue aceptada, el debate legislativo en torno al dictamen siguió su curso, hasta llegar al momento de su aprobación, en el que participaron los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, ante el beneplácito del vicepresidente Oscar Ortiz y el gabinete de seguridad, que acudió a la plenaria.

Finalmente se aprobaron 152 millones de dólares, debido a que se recortó 1,5 millones a la PNC y a Centros Penales respectivamente. El dinero se repartirá de la siguiente forma en las siguientes instituciones: 43.5 millones para Centros Penales, $43,750,000 a la PNC, 19 millones 950 mil dólares para el Ministerio de Defensa, 37 millones de dólares para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) Y 7,5 millones de dólares para la Fiscalía.