En una entrevista concedida al prestigioso rotativo estadounidense The Washington Post, el fiscal general salvadoreño Douglas Meléndez defendió la investigación en contra del exmediador de la tregua, Raúl Mijango, y otros 17 procesados entre los que figuran jefes de inteligencia policial, directores y ex directores de centros penales, así como miembros del consejo criminológico que, según la investigación fiscal, habrían cometido delitos con órdenes de funcionarios de alto rango.
A juicio de Meléndez, el principal error cometido por quienes pactaron con líderes de pandillas la tregua entre pandillas en el año 2012, fue darle a los pandilleros el derecho de traficar drogas al interior de centros penales y cometer otra serie de delitos, a cambio de bajar el índice de homicidios.
«La iglesia, el Estado, pueden buscar ciertas soluciones al problema. Pero, ¿pueden violar cualquier ley y cometer crímenes con este pretexto? No», aseguró Meléndez a The Washington Post.
El matutino también consultó con David Holiday, un experto centroamericano de la Open Society Foundation, quien dijo que se siente admirado por que Meléndez, además del proceso que conduce contra la tregua, haya emprendido investigaciones contra expresidentes de la República por supuestos delitos de corrupción, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, en cuyo período inició la tregua.
De hecho, la publicación afirma que Meléndez se encuentra indagando en el rol que jugó Funes en la tregua. El expresidente ha insistido que su rol fue el de facilitar el trabajo de los mediadores en los centros penales y niega que en el proceso se hayan cometido delitos.
Entre los involucrados en la tregua que aún no han sido procesados están el actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien en entrevistas al periódico digital El Faro aceptó que el pacto entre pandillas fue siempre parte de su estrategia mientras fungió como ministro de Justicia y Seguridad Pública.
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