Un hecho inusitado durante el anuncio conjunto entre gobierno y diputados de la Asamblea Legislativa para apoyar las medidas extraordinarias de seguridad, fue el apoyo por parte de los partidos políticos, principalmente de derecha, para que se emprendan acciones contra las empresas de telefonía privada que no acaten la orden de bloquear la señal móvil en los centros penales.
“Las telefónicas van a tener que colaborar a las buenas o colaborar a las malas con las medidas de seguridad”, dijo el diputado Guillermo Gallegos del partido GANA y vicepresidente de la Asamblea Legislativa.
Asimismo el legislador Norman Quijano del partido ARENA, un instituto político que ha criticado en el pasado la idea de bloquear señales telefónicas en cárceles y que más bien ha señalado que el gobierno no debería permitir la entrada de teléfonos móviles a las penitenciarías, apoyó esta vez la idea del bloque de señales.
“No puede primar el interés económico sobre la vida de nuestros compatriotas”, declaró Quijano.
El mismo día en que estas declaraciones fueron vertidas, La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una demanda de inconstitucionalidad que buscaba exonerar a las empresas telefónicas de onerosas multas por no cortar sus señales en cárceles.
Dicha medida se encuentra en la Ley Especial Contra el Delito de la Extorsión, aprobada a principios de 2015, que contempla entre sus consideraciones que “los servicios de telecomunicaciones que prestan en concesión los Operadores de Redes Comerciales de Telecomunicaciones son utilizados como instrumentos para la comisión del delito de extorsión, especialmente los que se generan desde el interior de los centros penitenciarios”.
En el artículo 14, inciso 6 y 7 de dicha ley, se establecen multas de $755,100 al día por hacer caso omiso a la prohibición de brindar o prestar servicios de todo tipo de tráfico de telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios, granjas penitenciarias o centros de internamiento de menores.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas, adelantó durante una entrevista televisiva que se pretende implementar “medidas radicales” contra las compañías telefónicas que no bloqueen sus señales.
A propósito, el vicepresidente Oscar Ortiz no quiso profundizar en las medidas que se pueden tomar contra las telefónicas y dijo que esperaría no llegar a dichas situaciones.