La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, aseguró este día que el parlamento apoya la iniciativa de que se elimine la señal telefónica en los centros penales incluso “a la fuerza”, si las operadoras no quieren acatar la recomendación de bloquear la emisión de la misma, como lo ha pedido el órgano Ejecutivo en reiteradas ocasiones.
“El problema de la delincuencia amerita que todos nos enfoquemos en su derrota. Y que la población tenga confianza de que no vamos a permitir más impunidad, de que se va a acabar eso de que tenemos a los dirigentes (cabecillas) de los criminales en nuestras manos y siguen operando”, dijo la diputada presidenta.
Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema carcelario del país es el fuerte ingreso de ilícitos al interior de los penales, entre los que predominan los teléfonos celulares con los que los cabecillas de pandillas mantienen comunicación con sus bases y así coordinan delitos como la extorsión y los homicidios.
Ante esta problemática, el Ejecutivo, por medio del ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó en marzo del año pasado la Ley Especial Contra el Delito de la Extorsión, misma que fue aprobada por la Asamblea a finales de mes. En esta ley se establece que las operadoras telefónicas están obligadas a realizar los procedimientos técnicos necesarios para bloquear la señal en los penales.
Sin embargo, hasta el momento, ninguna operadora ha acatado las órdenes de la ley que entró en vigencia en abril del año pasado. Contrario a eso, un ciudadano, presuntamente en representación de algunas telefonías, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se declarara inconstitucional dichas medidas. Ese amparo fue revocado por el pleno de la Corte este miércoles.
Por eso, el Gobierno, a través del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, anunció este miércoles que tomaría medidas “radicales” contra las operadoras telefónicas que se nieguen a bloquear la señal en los centros penales.
También el Comisionado Presidencial para la Seguridad, Franzi Hato Hasbún, aseguró este jueves que las telefónicas han puesto “excusas” ante esta petición y que durante varias reuniones que han sostenido con representantes del Gobierno han dicho que “técnicamente no se puede”.
Según han confirmado las autoridades, algunos centros penales del país tienen bloqueadores de señal, pero al parecer la señal de las antenas supera la capacidad de los aparatos de bloqueo por lo que se ha imposibilitado detener la salida de llamadas desde las cárceles.
Además, el ministro de Justicia y Seguridad Pública presentó este jueves una propuesta de ley especial para que se extiendan las medidas extraordinarias en el sistema penitenciario durante un año.
“Nosotros apoyamos lo que aquí está planteado incluido que quiten la señal telefónica a la fuerza si no la quieren quitar por recomendación. Porque no es posible que manden a matar a los once de (San Juan) Opico, y además todos los días a 20; 700 por mes últimamente, y nosotros no resolvamos un problema que es muy obvio para toda la población”, dijo por su parte la presidenta de la Asamblea al recibir el documento.