El máximo jerarca de la iglesia católica salvadoreña y arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, aseguró este domingo que los niveles de violencia que enfrenta el país han llegado a un punto en el que se ha hecho necesario un Estado de Excepción, tal como lo establece la Constitución de la República.
“La situación es tan grave que yo pienso que sí”, respondió Escobar Alas ante la pregunta de si cree necesario que sea aplicado el Estado de Excepción en el país, lo que implicaría la pérdida de algunos derechos fundamentales de la población.
Sin embargo, monseñor explicó que, a su parecer, de aplicarse esta medida se debe garantizar que no afecte a la población en general sino solo a los lugares donde sea necesario, por lo que sugirió que debe ser focalizada.
“Esto lo digo pensando en el bien de la nación. No lo digo yo, lo dice la gente. Lo malo es que este tema se partidiza (sic). ¡Qué lástima! Pareciera que lo que nos interesa es cómo se vea un partido y no el bien de la sociedad”, dijo el arzobispo.
De acuerdo con Escobar Alas, la medida del Estado de Excepción no debe ser vista desde el ámbito partidista o político sino desde la búsqueda del bien común, siempre y cuando no se afecte a la población civil.
“Nosotros no estamos a favor ni en contra”, dijo monseñor, al mismo tiempo que aceptó empero que “¿cómo podríamos ir contra la Constitución? Ese es un derecho de los gobernantes. Yo pensaría que sí es necesaria, pero puedo equivocarme”, señaló.
La guerra abierta entre las dos principales pandillas del país, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, aunado a la guerra no declarada entre el Estado y estos grupos criminales actualmente deja un promedio de 23 asesinatos diarios.
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Los homicidios múltiples o masacres han ido en incremento en los últimos años. A principios de marzo se reportó la masacre de once trabajadores en el municipio de San Juan Opico. A raíz de este hecho el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, hizo un llamado al Gobierno para que aplicara “medidas excepcionales” contra las pandillas.
El presidente Salvador Sánchez Cerén sostuvo diferentes reuniones durante la semana pasada con representantes de los tres poderes del Estado para evaluar la situación y decidir si se implementaba el Estado de Excepción.
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Este viernes, el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se reunió de emergencia para discutir las medidas, pero al finalizar la sesión extraordinaria, representantes del gobierno aseguraron que “nunca se habló de Estado de Excepción”; sin embargo aseguraron que se aplicarán “medidas execpcionales” en diez municipios del país con mayores índices de violencia.
El Estado de Execpción está considerado en el artículo 29 de la Constitución salvadoreña y, entre otras cosas, implica suspensión de derechos y garantías fundamentales, entre ellas: la libertad de entrar, de permanecer y salir del país; expresarse y difundir libremente sus pensamientos; asociarse o reunirse libremente; podrán interceptar y revisar correspondencia e interferir las telecomunicaciones, entre otros.
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La Constitución además establece que esta medida debe ser aplicada como recurso excepcional en casos de «guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público».
Para su aplicación debe ser aprobada con 43 votos de un total de 84 en el parlamento salvadoreño.