La Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa cambió abruptamente su agenda para este martes al conocer el aviso que la presidente de dicho Órgano, Lorena Peña, diera en una radio local: La idea del gobierno de implementar estados de excepción focalizados para combatir la ola criminal que cobra la vida de más de 22 personas al día.
Tras conocerse del anunció que emanó de la reunión que los presidentes de los tres Órganos del Estado y el Fiscal General sostuvieron el lunes en Casa Presidencial, los diputados de la Comisión de Seguridad no demoraron en saludar la medida y en aportar ideas para fortalecerla.
Desde la solicitud de más recursos por parte del diputado Misael Mejía del FMLN, la necesidad de auditar los recursos que lleguen para sustentar los estados de emergencia planteada por Mauricio Vargas de ARENA y la creación de los “jueces sin rostro” propuesta por Guillermo Gallegos, de GANA, todos los partidos llegaron al común acuerdo de que se debe apoyar al gobierno si llegara a implementar la supresión de garantías constitucionales en determinados sitios y horarios para aplacar la violencia.
“Señor presidente, estamos con usted”, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, respondiendo al pedido de varios diputados para que se diera un respaldo unánime a las medidas extraordinarias que decida tomar el presidente.
El ambiente de cordialidad con el que cerró la Comisión, que incluso permitió que los diputados Misael Mejía, del FMLN, y Orlando Cabrera Candray, de ARENA, dieran juntos declaraciones a la prensa, se disipó a los pocos minutos cuando entraron al debate las ideas que tienen los diputados para implementar un estado de excepción.
Existe al menos dos ideas entre los diputados de la Comisión de Seguridad: Uno es el clásico estado de excepción, que también se puede definir como estado de sitio o “toque de queda”, como se acostumbraba a hacer en el conflicto armado de los años 80. Esta propuesta es defendida por el diputado Antonio Almendáriz.
“No hay que tenerle miedo a los estados de excepción”, dijo el coronel en situación de retiro, quien incluso llegó a plantear que el ministro de la Defensa debe echar mano de los reservistas de la Fuerza Armada (él incluido) para tareas específicas de seguridad pública.
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Almendáriz propone la prohibición de reuniones de pandilleros y estados de sitio focalizados en sitios específicos y horarios específicos. Al ser cuestionado sobre si esto violaría derechos humanos, esta fue su respuesta:
“¿Por qué? Nadie en su sano juicio y que sepa que hay toque de queda a ciertas horas va andar en la calle a dichas horas”.
La otra propuesta para implementar estados de excepción proviene de ARENA y no solo va focalizada en cuanto a los lugares y las horas en las que entraría en vigencia, sino a qué personas afectaría.
En concreto, el diputado Rodrigo Ávila propone estados de sitio exclusivos para pandilleros, y para facilitar su ejecución solicitó que se cree una Ley de registro de criminales y delincuentes en el país.
Ávila, quien fue por mucho tiempo director de la Policía Nacional Civil, sostiene que la corporación policial ya tiene un registro de pandilleros y otro tipo de delincuentes en el Centro Transnacional Antipandillas, creado durante una de sus dos administraciones como jefe policial.
Agregó que Estados Unidos se basa en la información de dicho Centro para identificar a los criminales y que una medida de esa índole no sería imposible de aplicar en El Salvador, ya que varias ciudades en Estados Unidos tienen políticas de “gang injunctions”, que implica la restricción a pandilleros de hacer ciertas actividades, bajo una orden judicial.
“Estamos proponiendo un estado de sitio a quienes están generando el problema y todos sabemos quiénes son. Ellos no son desconocidos, en las comunidades, colonias, calles y caseríos saben quiénes son y han sometido en un régimen de terror a la población”, puntualizó Ávila.
Por su parte, el compañero de bancada de Ávila, Orlando Cabrera Candray, dijo que para que este tipo de estados de excepción funcionen, no deben ser implementados por funcionarios que habrían participado en la tregua de pandillas, esto en alusión al ministro de la Defensa David Munguía Payés, quien respaldó la tregua entre pandillas mientras fue ministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes.
Ante estos señalamientos, el diputado Antonio Almendáriz del PCN no ve problemas en que el ministro de Defensa actual implemente los estados de excepción, pero recalcó que “la intención manifestada por el presidente Sánchez Cerén es la que respaldamos”.