El presidente Salvador Sánchez Cerén admitió que por lo menos 13 de los 17 militares que España ha requerido para juzgarlos por los asesinatos de los seis sacerdotes Jesuitas de la UCA están prófugos porque en los operativos de ayer en la noche la PNC no pudo localizarlos.
Algunos, especuló, pueden haber salido de El Salvador a esconderse a otro país.
«Hay personas ocultas… mi recomendación es que se entreguen y que la justicia decida si los extradita», expresó en el programa Gobernando con la Gente. «Hicimos las capturas siguiendo los procedimientos; no agredimos a nadie», agregó.
Aclaró, además, que el gobierno que preside se ha limitado a capturarlos y ponerlos a la orden de un juez para cumplir con las normas internacionales que el Estado ha suscrito. Con esto se refería a la difusión roja con propósitos de extradición que llegó a la INTERPOL procedente de España y que a su vez emana de Juzgado 002 de Instrucción que administra el juez Eloy Velasco Núñez.
Las palabras del presidente, sin embargo, contrastan con las que el 19 de enero pronunció en una entrevista televisiva el entonces director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, que aseguró que la institución ya tenía localizados y seguía los pasos de los miembros de la excúpula militar salvadoreña que supuestamente participó en los asesinatos de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y Elba y Celina Ramos en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la UCA.
Aseguró, además, que la información recolectada ya estaba en manos de la Procuraduría de Derechos Humanos y la INTERPOL.