El Salvador
sábado 23 de noviembre de 2024

Propuesta de ARENA pretende castigar a pandilleros que finjan rehabilitarse

por Redacción


“Los pandilleros le han visto la cara a la sociedad diciendo que se quieran rehabilitar”, dice el diputado Rodrigo Ávila.

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó este lunes un proyecto de «Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia”, que de acuerdo a los diputados de su fracción legislativa busca normar las condiciones para que los miembros de pandillas puedan rehabilitarse y abandonar la violencia.

El diputado Rodrigo Ávila explicó que la propuesta de su partido busca que existan “consecuencias serias” para los pandilleros que quieran salirse de estos grupos pero al final no lo hacen.

“Los pandilleros le han visto la cara a la sociedad queriendo que se quieran rehabilitar”, expresó este lunes el legislador.

El también exdirector de la Policía Nacional Civil puntualizó que la propuesta no pretende que el Estado se rinda o darle alternativas voluntarias a los pandilleros para que se rehabiliten. Aclaró al respecto que “quien se quiera salir, no se le regalará nada, pero se acogerá a las leyes penales”.

Otros elementos dentro de la propuesta son entre otros puntos la creación de la Comisión Interintitucional para la Rehabilitación, Reinserción y Abandono a la Violencia (CIRAV) y que se establezcan categorías de peligrosidad a los miembros activos de pandillas.

Por otra parte, la medida incluye la creación de más juzgados especializados y de menores, estableciendo Centros Especiales Penales (CEPS) y Centros Especiales de Rehabilitación, Reinserción y Abandono de la Violencia (CERAVS).

Asimismo el partido tricolor busca implementar procesos abreviados de acogimiento a la justicia y educación integral. Señalan que los planteles de FENADESAL podrían servir para la iniciativa.

ARENA presentó la propuesta como alternativa a la Ley Especial para la Prevención, Rehabilitación y Retiro de miembros de Maras y Pandillas, presentada en octubre pasado por el gobierno y que va dirigida a pandilleros que no han cometido un delito grave y quienes no están siendo perseguidos por orden de un juez o las autoridades competentes.