ARENA pidió a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial en la que los funcionarios del expresidente Mauricio Funes expliquen los beneficios penitenciarios que dieron a los cabecillas para hacer realidad la tregua entre pandillas que estuvo vigente desde marzo de 2012 hasta aproximadamente enero de 2014 y en la que los asesinatos disminuyeron de 14 a 5.5 diarios.
Los diputados Patricia Valdivieso, Bonner Jiménez, Rodrigo Ávila y Julio César Fabián presentaron la propuesta basados en que el pacto que presuntamente propició David Munguía Payés, entonces ministro de Seguridad, radicalizó el sometimiento de las comunidades más pobres al yugo criminal, dio a los pandilleros encarcelados beneficios ilegales –fiestas, acceso a teléfonos, drogas, armas- y les enseñó a administrar la violencia con propósitos de chantaje político. Valdivieso explicó que la Asamblea simplemente quiere saber cuáles fueron las conclusiones que impulsaron a convivir con la tregua como método de reducción de la violencia y cuáles fueron las interioridades mientras estuvo vigente.
“Queremos saber qué hubo ahí, qué dio a cambio el Estado para la reducción de los homicidios”, dijo Valdivieso en referencia al proceso en el que el exguerrillero Raúl Mijango y el obispo castrense Fabio Colindres se desempeñaron como mediadores, tarea que se traducía en dialogar con los cabecillas del Barrio 18, la Mara Salvatrucha y grupos similares que la segunda quincena de marzo de 2012 fueron trasladados del Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca –donde estaban completamente aislados- a cárceles más laxas desde las que supuestamente podían frenar las órdenes de asesinatos.
El FMLN, sin embargo, calificó la propuesta como “intento mezquino de desestabilización” y prefirió que el caso siga en manos de la Fiscalía General (FGR) que por lo menos desde enero de 2014 tiene información como la que dio a conocer en una conferencia de prensa el entonces diputado Roberto d´Aubuisson donde en un audio se escuchaba a los exempleados José Juárez y Anilver Rodríguez asegurando que Mijango y sus colaboradores habían recibido pagos de 2, 3 y 5 mil dólares de manos de Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales que fue destituido de ese cargo el 8 de junio cuando permitió la salida de dos pandilleros condenados a una entrevista en el canal del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. En agosto del año pasado, además, el exfiscal Luis Martínez dijo que investigaba a diez exfuncionarios pero no estaba apresurado en llevar el caso a los tribunales porque nadie le imponía plazos ni podía presionarlo para cometer actos arbitrarios. Ese día tampoco se negó a revelar los nombres de los investigados.
“Ya hay un proceso abierto, esto más parece un show”, comentó Misael Mejía, del oficialismo que admitió que la creación de la comisión especial que entrevistó dos veces al expresidente Francisco Flores ayudó a aclarar el destino de $10,000, 000 de la cooperación de Taiwán pero, para el caso, parece que no es igual. “Se sabe que en algunas declaraciones los testigos mienten”, agregó en referencia a una nota de La Prensa Gráfica que contiene declaraciones de cuatro testigos criteriados que explicaron que los pandilleros encarcelados recibían teléfonos, armas a cambio de otras en mal estado que entregaron sus cómplices que no están detenidos, les permitieron alargar antojadizamente los horarios de las visitas, entre otros. Los beneficios eran para asegurar votos en las presidenciales de 2014 en las que Salvador Sánchez Cerén ganó a Norman Quijano en segunda vuelta.
Guillermo gallegos, de GANA, coincidió con el principal partido de oposición en que la tregua fue un laboratorio que se salió de las manos de sus responsables pero decidió mantenerse al lado del oficialismo: es mejor que la Fiscalía investigue.