Mauricio Funes Cartagena dijo el 25 de septiembre de 2012 en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la tregua entre pandillas había logrado una excepcional reducción de los homicidios. En el mismo estrado que también ocuparon líderes de la talla de Barack Obama, Lula da Silva o Hugo Chávez se jactó de que El Salvador ya no era el país más violento de todo el mundo que arrastraba cifras similares a las de un territorio en guerra convencional; también hizo extensivo el crédito a la política de seguridad ciudadana de su gabinete que administraba desde un año antes David Munguía Payés.
Aquella intervención aconteció hace casi cuatro años. Pero ahora todo es distinto.
El miércoles en la tarde declaró como testigo en la investigación que la Fiscalía General hace de la tregua entre pandillas que redujo de 14 a 5.5 el promedio diario de homicidios pero a cambio de supuestos beneficios penitenciarios como armas, teléfonos, pagos en efectivo y hasta el ingreso de prostitutas a las celdas, según las acusaciones de cuatro testigos criteriados en un juicio en el que están sentados en el banquillo de los acusados a más de 70 presuntos responsables del ataque armado a una subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Quezaltepeque, La Libertad.
Funes, sin embargo, negó que haya permitido beneficios extralegales a los pandilleros que se involucraron en el proceso en el que participaron como mediadores el exguerrillero Raúl Mijango y el obispo castrense Fabio Colindres. Prefirió dudar de la veracidad de los criteriados que únicamente quieren obtener beneficios como la reducción de una condena a cambiar de delatar a sus cómplices de mayor rango en el Barrio 18. Recordó, además, que el traslado de 30 cabecillas de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a penales para condenados de menor peligrosidad lo ordenó el Consejo Criminológico.
“Quien negocia con pandilleros es la Fiscalía porque nosotros nunca les ofrecimos reducción de penas”, dijo en un receso del interrogatorio que ocupó para pronunciar declaraciones. Recordó, asimismo, que los plasmas que tenían en las cárceles los contempla la ley penitenciaria porque los privados de libertad tienen derecho a informarse a través de radio, prensa escrita o televisión. El exmandatario también dio a conocer que la tregua fracasó porque tuvo como detractores no solo a ARENA sino a la Embajada de Estados Unidos e incluso a algunos de sus funcionarios como Ricardo Perdomo que asumió la cartera de seguridad en sustitución de Munguía Payés cuyo nombramiento declaró ilegal la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) porque contradecía la Constitución.
Incluso contradijo a expertos en seguridad que han asegurado que la tregua fortaleció a las pandillas; según él las ha debilitado porque provocó pleitos entre los cabecillas históricos y los mandos medios.
El expresidente también calificó como “payasada” el escrito que presentaron en la Fiscalía los exdiputados Mario Valiente y Mariela Peña Pinto, de ARENA, en el que lo consideran el máximo responsable de que el Estado haya pagado a la empresa italiana Astaldi $108,500, 000 en vez de ir a un arbitraje por el abandono de la construcción de la represa El Chaparral. Los exfuncionarios piden llevar al banquillo de los acusados a él y a Leopoldo Samour, expresidente de CEL.
El razonamiento de Valiente y Peña Pinto es que Samour y la Junta Directiva de la autónoma no pudieron simplemente decidir el millonario pago por cuenta propia sino que Funes lo avaló. Señalaron que ese movimiento es ilegal.
“Funes dijo con descaro que no tenía nada que ver pero también, con su modo particular, que él había decidido que se hiciera el arreglo”, comentó Valiente.
En 2008 CEL ordenó la construcción del Chaparral en Carolina, San Miguel, a cargo de la empresa Italiana. En 2010 Astaldi anunció dificultades para poder continuar con la obra por “Imprevistos imprevisibles”. Según el informe de la empresa supervisora de la obra, Euroestudios-Ingetec S.A, la obra se detuvo cuando llevaba un 29% de avance.
La autónoma CEL decidió acabar con el contrato por vía de un acuerdo directo obviando la posibilidad de realizar una demanda contra Astaldi. El ex diputado Valiente aseguró que el ex presidente Funes en su momento declaró que prefería realizar un acuerdo directo con la empresa italiana que realizar un juicio. “Y pagó 61 millones de dólares más”, agregó Valiente.
Pero Funes le respondió a Valiente: “El presidente no es consultado y mucho menos puede avalar un pago de ese tipo”. “Es un ignorante porque hay pagos mayores que puede hacer una autónoma sin el aval presidencial”, agregó. Advirtió, además, que Valiente se expone a una demanda por difamación porque le atribuye un delito que no ha cometido.
Pero la tregua y el Chaparral no son los únicos casos que mantienen a Funes al filo del abismo. Esta semana el pleno de la Corte Suprema decidirá si ordena en su contra juicio por sospechas de enriquecimiento ilícito.