El director de la Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Burgos, desvirtuó las argumentaciones del expresidente Mauricio Funes sobre los ingresos que a su juicio la Sección de Probidad del Órgano Judicial no debió incluir en su examen de declaración patrimonial, por el cual será sometido a un juicio civil.
Según declaró recientemente Funes, Probidad no debió incluir en los reparos con los que fundamentó un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra, cerca de 121 mil dólares percibidos después de su mandato, que según Funes los recibió en concepto de salarios por una consultoría prestada a la empresa Multimedia, dueña de un canal de televisión, una radio y un periódico digital.
No obstante Roberto Burgos señaló que no se puede hacer un examen de la riqueza de un exfuncionario si no se audita el patrimonio antes y después de su gestión.
“Eso lo establece la misma Ley de Enriquecimiento Ilícito, Mauricio Funes la debería leer mejor”, dijo Burgos, quien citó que la antigua Ley de Enriquecimiento Ilícito (todavía en función) establece en su Artículo 9 que las declaraciones patrimoniales deben contemplar las deudas que se tenían antes de comenzar el mandato y el instrumento legal para formalizarlas.
Las declaraciones fueron dadas durante la audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública en la que se dio a conocer los exámenes de la Sección de Probidad sobre la declaración patrimonial, tanto de Mauricio Funes como del también expresidente Elías Antonio Saca.
El informe de 45 páginas entregado a FUNDE contiene el examen de Probidad que fue conocido por la Corte Plena y por el cual se dictaminó un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito, así como la adenda con las pruebas de descarga presentadas por el apoderado legal de Funes.
Entre las irregularidades encontradas están una diferencia negativa entre ingresos y gastos por la cantidad de 36,782.43 dólares durante su período presidencial, lo que significa que Funes habría gastado más de lo que percibía de salario como presidente de la República.
También se reporta una adquisición de vehículos por 60 mil dólares luego de terminar su período presidencial, en un día en el que no se reportaron retiros de efectivo en sus cuentas.
Asimismo Probidad no logró identificar el agente retensor de los ingresos calificados como “otras rentas gravadas” en las declaraciones de renta de Mauricio Funes en 2009 y 2010. En ese sentido y solamente en 2010 se encuentran 258,309.30 dólares reportados como “otras rentas gravadas” en 2010.