En los primeros días de febrero de 2014 las principales voces de ARENA denunciaban en los medios de comunicación que Mauricio Funes Cartagena lideraba una horda de hostigadores que perseguía políticamente al expresidente Francisco Flores –que en aquellos días coordinaba la campaña electoral del candidato Norman Quijano- acusándolo del desvío de $10,000, 000 de la cooperación de Taiwán. Seis meses antes el entonces presidente había presentado en una entrevista televisiva el conocido como Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que trazaba la ruta desde Estados Unidos hasta Las Bahamas del millonario monto.
Flores se había convertido, según las palabras de sus compañeros del principal partido de oposición, en un perseguido político del Socialismo del Siglo XXI que pretendía tomarse El Salvador con la previsible asunción al poder de Salvador Sánchez Cerén.
Ahora las denuncias de persecución van en sentido contrario.
Funes y dos más que están bajo la lupa de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son los que se consideran víctimas de persecución política motivada por el papel de cazadores que interpretaron en el caso Taiwán. Sus defensores también esgrimen ese argumento como el premio del millón de dólares.
“Es venganza, es odio porque divulgó el ROS”, dijo Rolando Mata Fuentes, diputado del FMLN, en referencia al congelamiento de bienes y cuentas bancarias del expresidente Funes que ordenó entre el martes y el miércoles el pleno de la Corte por sospechas de enriquecimiento ilícito. Agregó, además, que le ha llamado la atención que después del fallecimiento de Flores el caso penal que estaba abierto pasó a segundo plano. “Arbitrariamente señalan a otras personas y los exponen”, afirmó.
“Es obvio”, respondió Norma Guevara, jefa efemelenista en la Asamblea, a la pregunta: ¿Es venganza contra Funes? “La Sección debe tener auditores y no permitir que asesores de la Sala Constitucional o FUSADES hagan las auditorías”, comentó. Igual que su compañero oficialista dijo que desde el fallecimiento de Flores los “destinatarios” se han propuesto enterrar al expresidente que presentó en la televisión el ROS.
El diputado Ernesto Muyshondt, de ARENA, rechazó que la investigación contra Funes sea persecución ya que tiene que demostrar el origen lícito de casas y vehículos lujosos que no están a su nombre pero de las que supuestamente es propietario. “Algo tiene que ver el karma”, afirmó en referencia a las acusaciones que en los dos últimos años y medio de su mandato hizo el exmandatario contra más de una docena de exfuncionarios de las administraciones de ARENA salpicados en casos de corrupción como el caso del bulevar Monseñor Romero, el proyecto de Reconstrucción de la Red Hospitalaria (RHESSA), entre otros.
Mario Ponce, del PCN, se limitó a decir que nadie puede ser condenado sin antes ser oído y vencido en juicio. Él es compañero de partido del diputado Reynaldo Cardoza cuya fortuna de más de $1,000, 000 también está en el ojo del huracán porque no ha logrado justificar su origen legal.
El miércoles la Sección de Probidad publicó la lista de irregularidades que encontró en las cuentas bancarias y propiedades de su entorno familiar. Entre estas puede mencionarse: una empresa fantasma que le pagó al expresidente $10,000 a través de una cuenta bancaria en el Banco Agrícola; los más de $600,000 que se apropió del grupo Amigos de Mauricio –que recolectaba fondos para financiar su campaña presidencial- y que ocupó un pick up Ford y un Jeep Wrangler; una lista de carros que compró a un precio y vendió por otro más bajo; y los vehículos que también compró su hijo Diego Funes Cañas, entre otros.