“¿Dónde estás? Están capturando a los militares del Caso Jesuitas”.
Hace 27 años esas palabras habrían sonado a chiste ridículo. Pero el 5 de febrero de 2016 un compañero, al otro lado de la línea telefónica, las pronunció con toda la seguridad del mundo. Ese día la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC) dejó de esconderse en argumentos jurídicos oscuros y montó operativos paralelos en varias casas de San Salvador, Usulután y La Libertad para detener a 17 militares retirados que participaron en los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA).
Desanduve los más de 25 kilómetros que separan la División Central de Investigaciones (DCI) de mi casa. Creí que iba convertirme en testigo de un suceso que no tiene precedentes en la historia de El Salvador: los otrora todopoderosos trasladados en los viejos vehículos de la PNC cubriéndose los rostros con camisas blancas y con las manos esposadas como cualquiera de los que todos los días matan, roban o violan.
Dos hileras de conos puestos como pinos de boliche cortaban el paso de la calle frente a la delegación policial. Afuera esperaba una docena de periodistas que pretendía registrar para la historia la fría noche de los generales que perdieron el poder.
La parte anterior de la trama inició en 2011 cuando el juez Eloy Velasco Núñez pidió a la Policía Internacional (INTERPOL) que detuviera con propósitos de extradición a casi 20 exmiembros de la cúpula de la Fuerza Armada salvadoreña que presuntamente participaron en los asesinatos de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y Elba y Celina Ramos. Pasaron los días y la orden era estirada cada vez más hasta que se rompió cuando 10 de quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron que no podían ser capturados basados en argumentos de papel mojado. Ellos se habían refugiado en la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM). Después del aviso salieron como si nada hubiera ocurrido y regresaron a sus casas dejando detrás un reguero de dudas y las discusiones de los que apostaban por verlos sentados frente a un juez con acento español y los que planeaban sembrar bombas que explotaran en los pies de los enemigos del verde olivo.
En esos meses revivió la eterna discusión que plantó la aprobación de la ley de Amnistía de 1993: los criminales de la Guerra Civil que no han dado cuentas de los más de 60,000 muertos, facturas de los dos bandos que derramaron sangre inocente. Un par de semanas más tarde todo había vuelto a la normalidad con las discusiones en la Asamblea Legislativa y las pandillas dando su cuota diaria de asesinatos.
Las piezas del ajedrez, sin embargo, cayeron en otra parte cuando Estados Unidos deportó al país a Guillermo Vides Casanova y José Guillermo García por su participación en torturas y asesinatos en los años 80. Esos movimientos sobre el tablero pusieron las barbas en remojo a la Corte Suprema y se confirmó el cambio el 25 de agosto cuando la Sala de lo Constitucional aclaró que una difusión roja debe concretarse con la captura de los imputados a través de INTERPOL, es decir, abría nuevamente la rendija para la captura con ese propósito.
Por eso el 22 de diciembre Velasco Núñez renovó las órdenes internacionales. El 5 de febrero Estados Unidos anunció que deportará a España a Inocente Montano, otro de los requeridos por el Caso Jesuitas, y entonces el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén decidió actuar.
Volvimos otra vez frente a la DCI. Las copas de los árboles se mecían con los vientos y las tenues lámparas de la calle apenas alumbraban la marcha de los vehículos que entraban y salían con los vidrios cerrados y polarizados. A varios kilómetros se escuchaba la noticia de los operativos y las capturas. Todo apuntaba a una típica redada en las que los acusados son a veces trasladados hasta en calzonetas y con narices sangrando.
Cerca de las 10.30 de la noche una mujer aparentemente mayor de 50 años se acercó al portón de la delegación a preguntar por su esposo. Le respondieron que no estaba ahí. Después uno de sus hijos decidió hablar y dijo: “Lo fueron a traer como si fuera un delincuente común; si van a destapar que se destape todo”. Luego entabló una breve polémica incómoda con un periodista que quería saber qué implica “destapar todo”.
La esposa del militar –se negó a dar el nombre- contó que lo habían ido a sacar de la casa cuando estaba cenando.
Unas horas más tarde llegó el general Mauricio Ernesto Vargas a repetir lo que antes ha dicho: la captura es ilegal porque el magnicidio ocurrió cuando El Salvador aún no tenían tratado de extradición con España, por tanto, es improcedente. “No se quiere justicia sino venganza”, aseguró el también diputado de ARENA y compañero de armas de los militares que requiere la justicia.
La noche dio paso a la madrugada pero los militares no aparecían en ningún lado. Al filo de la 1 y 30 trascendió que los únicos detenidos son: Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zárpate Castillo. Son únicamente cuatro de 17. ¿Dónde están los restantes? ¿Por qué nadie del alto mando de la época está a la orden de un juez?
A la hora de contar todo se vuelve confuso. El 19 de enero el entonces director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde aseguró en una entrevista televisiva que había agentes asignados a la localización y seguimientos de los militares. ¿Por qué se escaparon? En su programa Gobernando con la Gente el presidente Sánchez Cerén admitió que estaban prófugos y les recomendó entregarse. En ningún momento explicó cómo esa fría noche de febrero los supuestos asesinos de Ellacuría supieron que iban a buscarlos para atraparlos.
Familiares de uno de los militares detenidos. Foto D1/R. Sura