Un grupo de ciudadanos presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Probidad que aprobó la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre porque, a su juicio, contiene artículos que mutilan la lucha contra funcionarios involucrados en casos de corrupción.
El llamado Grupo Promotor -en el que participan FUSADES, ISD, FUNDE, entre otros- alegó que la ley viola el artículo 240 de la Constitución cuando delega a la Sala de lo Civil funciones que ya las desempeña el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pidieron, asimismo, que suspenda la vigencia de la ley y en su lugar funcione la derogada ley de Enriquecimiento Ilícito.
«Quedará una ley (si no es declarada ilegal) que contribuirá a la cultura de opacidad», advirtió Claudia Umaña, del Grupo.
El principal problema, según los demandantes, es que ya no será el pleno el que abrirá juicios por enriquecimiento ilícito sino que la Sala avisará a la Fiscalía General (FGR) que decidirá si los engaveta o los lleva a los tribunales.
«La ley de Probidad es deficiente e inconclusa», explicó Umaña.
Los recurrentes también señalaron que, por primera vez en casi 60 años, la Sección de Probidad por fin llevó a juicio civil a dos funcionarios por sospechas de enriquecimiento ilícito y eso puso en alerta a los diputados.
Después de la presentación del recurso y en la Asamblea, Rene Portillo Cuadra, diputado de ARENA, recordó que en la Sala de lo Civil se desempeña como magistrado Ovidio Bonilla, cuyo cargo declaró inconstitucional en 2012 la Sala de lo Constitucional por su supuesta cercanía con el FMLN. Anunció, además, que su partido presentará su propio recurso la próxima semana.