Fueron los primeros en sentarse en las sillas detrás del vidrio que protege a la comisión de Asuntos Municipales. Llegaron a la Asamblea a pedir a los diputados que les ayuden a cavar una trinchera desde la que defenderse de Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla, que planea convertir dos edificios habitacionales –actualmente viven en ellos 110 ciudadanos que hasta hace unos 16 meses no tenían por casa más que construcciones improvisadas con láminas y cartones en una comunidad marginal- en un centro de oficinas para abogados y médicos.
“Únicamente le interesa hacer negocios”, dijo Amadeo Ramos, uno de los tecleños que desde abril de 2015 vive en un apartamentos ubicados sobre la carretera Panamericana.
La Gran Manzana es un proyecto habitacional que en su diseño original había trazado construir 150 apartamentos cada uno valorado en $32,000 con tres dormitorios, cocina, lavamanos, una pequeña terraza, un centro de convenciones para toda la comunidad y escuelas por un costo total de $17,800, 000. El financiamiento estaba en manos de la administración del exalcalde Óscar Ortiz, la Junta de Andalucía, los principados de Asturias y Luxemburgo y el Gobierno Central a través de FONAVIPO.
A cada familia le quedó una cuota de casi $50 al FONAVIPO que financiaría $5,000 por cada departamento. Y la idea marchaba viento en popa pero en 2013 casi el 70% de la comunidad La Cruz –que vive marginalmente desde los años 80 cuando llegaron como desplazados de la Guerra Civil- se negó a habitar los apartamentos porque su ingreso era insuficiente para pagar. Pero 32 familias sí aceptaron y abandonaron sus casas improvisadas hace más de 35 años.
Pero con la derrota de Armando Flores –el delfín de Ortiz en las municipales y legislativas del año pasado- el panorama cambió. Al asumir d’Aubuisson la administración concluyó que la Alcaldía no tenía suficiente dinero para subsidiar más de $20,000 por cada apartamento. A eso sumó que el Principado de Asturias ha exigido la devolución de $80,000 porque no fueron invertidos en el plazo que establecieron en el convenio más $322,186 que también ha reclamado la Unión Europea. Quedaron sin construir, además, ocho de los diez edificios y el equipamiento social. “Nos encontramos con una bomba atómica”, recordó d´Aubuisson en la Asamblea.
El plan del edil que ganó las elecciones cobijado con la bandera de ARENA es construir casas cuyo costo unitario será de $18,000 con FONAVIPO como el máximo inversionista y la Alcaldía como el más pequeño; obtendría entre 16 a 20 mil dólares del alquiler de los dos edificios a médicos y abogados que quieren instalar sus oficinas cerca del centro integrado de justicia que está en construcción y del Hospital San Rafael.
“Las matemáticas no nos pegan”, aseguró en referencia a mantener el proyecto que legó la administración de Ortiz. “Ni 15 ni 20 mil dólares podemos financiar; es inviable”, agregó.
Pero las 32 familias que ya empezaron a pagar las cuotas no quieren abandonar los apartamentos. Simplemente quieren que d´Aubuisson firme los contratos para que la Alcaldía desembolse su parte y de una vez puedan convertirse en propietarios.
El alcalde, sin embargo, prefirió señalar los que considera vacíos legales en los que supuestamente tropezó la administración del FMLN al asignar los apartamentos. El primero: no hay sesión del concejo que avale la entrega de las llaves de las puertas y tampoco existe un criterio de selección para decidir qué familia si podía ser beneficiada. La nueva oferta que les presentó son casas de tipo dúplex con canchas, estacionamiento cerca del San Rafael y de un centro de llamadas.
Calixto Mejía, diputado del FMLN, reclamó a d’Aubuisson que las familias quieren una solución pronta y le advirtió que si no firma los contratos perderá más de $95,000 de un préstamo que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Le recordó, además, que en una reunión privada con ellas las llamó usurpadoras.
El edil le respondió que con las nuevas casas la Alcaldía no tendrá daño en sus finanzas y le explicó que ha pedido a la Corte de Cuentas auditar el manejo de los fondos destinados a ese propósito que hizo la administración de Ortiz porque sospecha que cometieron irregularidades.
Carlos Palma, que fungió temporalmente como alcalde tecleño, dijo después que d’Aubuisson salió de la reunión que las instituciones no podían moverse según el capricho de una persona.
Rodrigo Ávila, del principal partido de oposición, citó un refrán: vale más pájaro en mano que ciento volando.