La diputada del FMLN, Jackeline Rivera, lamentó este martes la inhabilitación que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hiciera de la Ley de Probidad, por considerar que “se le ha privado al país que avancemos en el combate a la corrupción”.
En declaraciones a un canal de televisión, la legisladora señaló que al invalidarse la recién aprobada Ley de Probidad, el país queda privado de una “verdadera investigación” en materia de corrupción, y que funcionarios públicos bajo sospecha de enriquecimiento ilícito sean perseguidos penalmente, y no solamente multados, como lo estipula la antigua Ley de Enriquecimiento Ilícito.
El pasado lunes, la Sala de lo Constitucional dejó sin vigencia la Ley de Probidad, al admitir un recurso de inconstitucionalidad presentado días atrás por el Grupo Promotor de dicha ley -en el que participan FUSADES, ISD, FUNDE, entre otros-.
El grupo Promotor argumentó en su demanda que, la ley aprobada el pasado diciembre viola el artículo 240 de la Constitución cuando delega a la Sala de lo Civil funciones que ya las desempeña el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Al respecto, la diputada Rivera cuestionó que dichos detractores hayan pedido a la Sala de lo Constitucional que dejara nuevamente en vigencia la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la cual es “obsoleta” a juicio de la efemelenista.
Asimismo indicó que “los detractores le tienen miedo” a que la Ley de Probidad pueda aplicarse en coordinación con la Ley de Extinción de Dominio, y que esta a su vez tenga carácter retroactivo.
Para la también directiva de la Asamblea Legislativa, el Grupo Promotor basa su pedido de inconstitucionalidad contra la Ley de Probidad, por no incluir el concepto del juicio por enriquecimiento ilícito, figura que tampoco contempla la Ley de Enriquecimiento Ilícito.
Rivera también lamentó que con la inhabilitación de la ley, la Sección de Probidad de la CSJ pierda la facultad de hacer caso omiso del secreto bancario para hacer investigaciones y que se le pueda pedir declaración de probidad a aquellos funcionarios públicos no contemplados por la Ley de Enriquecimiento Ilícito.