Miembros del Grupo Gestor para una Ley de Probidad Pública criticaron este miércoles el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa y sancionado por el presidente Sánchez Cerén, señalando que “le ha quitado los dientes” a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue y lleve a juicio a los funcionarios públicos que se enriquezcan a costa del Estado.
“Esta Ley de Probidad salió peor que la de 1959”, dijo Javier Argueta, representante legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada en el Grupo Gestor, al referirse a la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, ya que, según él, el proyecto aprobado deja muchos vacíos que dan espacio a la corrupción, como el tema de los “prestanombres”.
Por su parte, Roberto Rubio, en representación de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), señaló que “existe cierta resistencia dentro y fuera del Gobierno en el tema del combate de la impunidad”, y dijo estar preocupado por “la medida hecha a escondidas” al referirse a la sanción emitida y no anunciada por el presidente Cerén.
Asimismo, Roberto Rivera, presidente de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), señaló que existen aspectos importantes que se han ignorado en la ley aprobada y que sí se han tomado en cuenta en el proyecto que ellos han presentando como, por ejemplo, “los casos de funcionarios que tienen contratos con algunas empresas y ganan por parte del Estado. El país no necesita medio político empresario, ni empresario medio político», insistió.
El pasado jueves 6 de enero, representantes del Grupo Gestor presentaron una demanda de inconstitucionalidad de dicha ley ante la Corte Suprema de Justicia alegando que la misma viola el artículo 240 de la Constitución de la República, cuando delega a la Sala de lo Civil funciones que ya las desempeña el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por lo que se suspendió temporalmente su vigencia.