¿Existen criminales que estén dispuestos a abandonar a sus compañeros de clica o tribu? ¿O hay que obligarlos, a punta de programas de reeducación, a hacerlo? Ese es el dilema que devana los sesos de los diputados después que el Gobierno y Rodolfo Parker presentaron, cada uno por su lado, sus proyectos de ley de reinserción de pandillas.
Este martes en la mañana Benito Lara, ministro de Seguridad, llegó a la Asamblea a justificar una de las partes centrales de la iniciativa que presentó el 27 de octubre: los interesados en acogerse a los programas de reinserción deben acudir por su cuenta, es decir, tener la voluntad de abandonar el mundo del hampa. Los que no se nieguen serán combatidos con la intensidad de siempre.
Pero la confianza en la voluntad es insuficiente, según el anteproyecto de Parker que, invocando el artículo 13 de la Constitución, propone que las autoridades acudan a las comunidades más violentas y sustraigan a los ciudadanos de entre 18 a 30 años que sean un riesgo por su cercanía con las pandillas, los pongan en establecimientos adecuados para ese fin y los reeduque. El motivo se resume en que, sin haber cometido un delito grave, es mejor que el Estado se cure en salud y los trate “por razones de defensa social”.
El diputado del PDC explicó que el desgaste institucional que conlleva la captura, investigación, judicialización y aprisionamiento no ha dado los resultados esperados para frenar la violencia. Por eso opinó que las medidas extraordinarias son las únicas que pueden dar resultados en un país que en menos de un año ha tenido más de 5,000 asesinatos. “Es preferible sustraerlo, no con fines represivos sino con la idea de llevarle oportunidades”, expresó. Advirtió, asimismo, que aunque las familias de los pandilleros vivan de las extorsiones, es mejor forzar la readaptación para restaurar la autoridad del Estado.
Sus ideas las secundaron los diputados Rodrigo Ávila y Mauricio Ernesto Vargas que también advirtieron que de nada vale llevar programas si antes el Estado no reclama la autoridad perdida en los lugares que ahora están en control de las pandillas.
“Si no tenemos el control territorial el Plan (El Salvador Seguro) y la ley de reinserción se convertirán en asistencialismo para los violentos; la medicina será peor que la enfermedad”, comentó en la sesión de la comisión de Seguridad. También se preguntó ¿qué pasará con los pandilleros que se nieguen a entrar a los programas? ¿Por qué no se habla las estructuras pandilleras en general sino solo de individuos?
Ávila sugirió crear un registro nacional de pandilleros para saber quiénes son los que lideran las estructuras y quiénes estarían dispuestos a desertar. Eso, recordó, se hizo en Colombia para impulsar una amnistía que terminó de descalabrar los grupos paramilitares que se enfrascaron en la guerra de los años 80 que tuvo como uno de los protagonistas al narco Pablo Escobar Gaviria.
Antonio Almendáriz, diputado del PCN, sugirió que a la ejecución de los programas se sumen el Ministerio de Educación y el Consejo de la Niñez y Adolescencia (CONNA). En el proyecto del Gobierno solo están contemplados el Ministerio de Seguridad, Gobernación, ISNA, INJUVE.
La iniciativa gubernamental propone que solos los acusados de asociaciones ilícitas y organizaciones terroristas pueden postular para un plan de reeducación; los que han cometido delitos cuyas penas son mayores a tres años de cárcel están vetados. En esa lógica Ávila hizo cuentas que pueden escenificar la dimensión del problema: si el año pasado fueron cometidos 5,000 asesinatos y el 60 por ciento, de acuerdo a las cifras oficiales, está vinculado a pandillas, por consiguiente más de 3,000 miembros de esos grupos están salpicados por esos hechos.
Misael Mejía, del oficialismo, aclaró que la propuesta del Gobierno no está cerrada a ningún nivel de obligatoriedad aunque habrá que determinar cuáles son los casos en los puede aplicarse.
Al final de la reunión con los diputados el ministro Lara detalló que en El Salvador hay más de 150,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y que el Estado debe evitar que caigan en manos del crimen.