La Asamblea aprobó este jueves la ley de Reparación por Daño Moral que habilita a cualquier ciudadano a demandar al Estado cuando compruebe que, siendo inocente, fue condenado en un juicio o incluso puede pedir una indemnización por retardación de justicia.
La ley, compuesta a partir de dos propuestas que presentaron ARENA y FMLN en los primeros días de diciembre, define como daño a la moral cualquier acción u omisión que afecta un derecho «extrapatrimonial» de los ciudadanos. También aclara que no entra en esta categoría la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa, entre otros. De acuerdo a los diputados éste es el candado de seguridad para evitar ataques a las libertades de prensa y de expresión.
Ordena, asimismo, indemnización por errores judiciales y agravios a los derechos que garantiza la Constitución. Por ellos deberán pagar el Estado y el funcionario que los cometió. En la actualidad casos como la desaparición forzada de las Hermanas Serrano -sucedido durante la guerra civil en los años 80- no pasan más que de una reparación simbólica.
Dentro de lo más innovador de la normativa puede mencionarse el reconocimiento del honor a las personas jurídicas, es decir, a las empresas.
Hasta la fecha eso estuvo fuera de la legislación. El caso más reciente se registró en 2013 cuando Alba Petróleos demandó por calumnia a Arnoldo Jiménez que había insinuado que la compañía mixta lavaba dinero; el Juzgado 5° de Sentencia la rechazó.
El monto de la reparación monetaria la determinará un juez que deberá tomar en cuenta «criterios de equidad y razonabilidad y tomando en cuenta las condiciones personales del afectado y del responsable».
«Estamos revalidando los derechos humanos de la persona», comentó Mario Tenorio, diputado de GANA, durante la celebración de la sesión plenaria de este jueves. Explicó, además, que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado este deberá responder monetariamente a la víctima.
Jackelyne Rivera, diputada del FMLN, ejemplificó que incluso la ley puede servir para una persona que ha perdido a sus familiares como consecuencia de un accidente.