El mejor método para dividir a las pandillas, según el Partido Demócrata Cristiano (PDC), es hacer valer el artículo 13 de la Constitución que permite al Estado someter a programas de readaptación y reeducación a los sujetos que se dedican a sembrar el pánico en las comunidades y están a un pequeño paso de convertirse en delincuentes.
La idea se basa en un mandato de la Carta Magna que dicta: “Por razones de defensa social podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o los individuos”.
Esa es la propuesta que ha presentado el diputado pedecista Rodolfo Parker para arrancar del Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS-13) –y otros grupos criminales- a los salvadoreños de entre 18 a 30 años que aún tienen limpias las manos de extorsiones, homicidios u otros delitos pero que pueden estar a un paso de mancharse. La iniciativa se suma a la que el 27 de octubre presentó a la Asamblea Legislativa Benito Lara, ministro de Seguridad.
El anteproyecto tiene 13 artículos. El 1 establece que deben ser sometidos los jóvenes que permanecen en colonias o barrios infundiendo terror y que impliquen un riesgo para las personas que se dedican a su vida cotidiana. Eso incluye también trabajar a cuatro codos con el Consejo de la Niñez y Adolescencia (CONNA); el 2 manda crear la Unidad de Asignación de Tareas (UNAT) –bajo el mando del Ministerio de Seguridad- que se coordinará con otras instituciones; el 3 ordena que las medidas de reeducación sean aplicadas sin consentimiento del afectado. Deberá cursar programas de idiomas, talleres vocacionales, ramas de la tecnología, urbanidad y cívica bajo la directriz del Ministerio de Educación. Recibirán los cursos durante seis meses en internados divididos en recintos con capacidad máxima de hasta 200 alumnos. El Estado les pagará un salario.También participarán en campañas de reforestación, construcción de caminos, obras comunales y otras que ordene el Consejo de Seguridad coordinado con los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y alcaldías.
La Policía Nacional Civil (PNC), según el artículo 7, podrá retener en forma provisional o precautoria a quienes considere peligrosos y deberá presentarlos a la UNAT que decidirá, en un máximo de 48 horas, qué medidas le aplicará. Posteriormente notificará a un juzgado de familia o penal que, al tercer día de recibida, ratificará, revocará o pedirá más información sobre la decisión.
La iniciativa del presidente Salvador Sánchez Cerén, sin embargo, contradice a la del PDC en el método de ejecución. Mientras la primera supedita todo a la voluntad de las personas en riesgo –incluso establece como requisito una declaración jurada- la segunda prefiere que sea una obligación. En el resto del articulado es complementaria en, por ejemplo, crear programas de salud física, mental, rehabilitación de adicciones, fortalecimiento familiar, educación formal, formación para la inserción económica, y promoción de proyectos productivos y empresariales; atención especializada para niños que estén bajo la influencia de las pandillas.
Coinciden, además, que podrán beneficiarse los que no tienen antecedentes penales por delitos graves. La del Ejecutivo plantea la posibilidad de amnistiar por agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas, mientras el proyecto pedecista solo menciona a los que “no están dedicados a tareas ilícitas”. También concuerdan en la creación de un ente que administrará los programas como el Consejo Ejecutivo o el UNAT, en el que participarán representantes de la empresa privada, organizaciones civiles, líderes religiosos, académicos, jóvenes, entre otros.
Desde septiembre de este año, en la Comisión Interpartidaria, los políticos discuten la creación de una ley de reinserción. La idea es crear programas reales de rehabilitación que no terminen como la tregua entre pandillas que las radicalizó. A principios de octubre Rodrigo Ávila, diputado de ARENA, explicaba que el mejor ejemplo de aplicación de planes es Colombia que, después de la guerra entre el Estado y el narco Pablo Escobar Gaviria, acogió a paramilitares, guerrilleros y sicarios para darles una oportunidad de ganarse la vida decentemente.
En esas discusiones participaron Hugo Barrera, Margarita Escobar y Ávila, de ARENA; Antonio Echeverría y Blandino Nerio, del FMLN; entre otros. Las reuniones se enmarcan en la implementación del Plan El Salvador Seguro.
Actualmente la Asamblea tiene ambos proyectos en la comisión de Seguridad que iniciará la discusión en las próximas dos semanas.