Por primera vez en mucho tiempo ARENA y FMLN parecen estar de acuerdo en algo: en que el Estado puede exigir declaraciones patrimoniales a los contribuyentes que más dinero reportan al Ministerio de Hacienda como método para contener la hemorragia en que se traducen para las finanzas públicas la evasión y la elusión fiscal. El desencuentro es, sin embargo, en que no han decidido cuántos miles de dólares será desde la que podrán exigir ese nuevo requisito.
El oficialismo propuso el 28 de octubre reformar el Código Tributario y restablecer la obligatoriedad que los contribuyentes que reportan más de $100,000 también presenten a Hacienda una declaración patrimonial para conocer con exactitud el número de propiedades que poseen y las cuentas bancarias. El propósito es desfavorecer a los grandes evasores y el enriquecimiento ilícito. La iniciativa pretende derogar la reforma que en marzo de 2011 aprobó la Asamblea Legislativa sin los votos de los efemelenistas.
La idea del Frente es que el artículo 91 quede escrito así: “Las personas naturales sujetas a los tributos internos deberán elaborar una declaración del estado patrimonial, la cual deberá presentarse anexa a la declaración del Impuesto sobre la Renta”. De ello quedan excluidos los ciudadanos que reciben rentas inferiores a 362 salarios mínimos mensuales y los que tienen bienes inmuebles 1,046 salarios mínimos o los que no los posean.
Pero la iniciativa del principal partido de oposición es un poco distinta. La diputada Ana Vilma de Escobar explicó que es mejor subir la base hasta $300,000, es decir, para los que “de verdad tienen dinero”. El problema de establecerlo en una cantidad menor, explicó, es no afectar a los salvadoreños que empiezan a acumular capital.
“Se trata de afectar al que de verdad impacta en las finanzas públicas con la evasión y no al pequeño contribuyente”, comentó.
Lorena Peña, presidenta de la Asamblea, dijo que a su parecer la oposición no tiene “voluntad” de cerrar las puertas a los defraudadores del fisco. El tema, expresó, seguirá en negociaciones en los próximos días.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, se puso en medio de ambos. Más bien sus dudas son: ¿Es para darles un premio o para publicar sus nombres en la lista de los evasores? “Eso no puede aprobarse con propósitos inconfesables”, afirmó.
Pero GANA, el habitual aliado del FMLN, se ha distanciado porque según ese partido la imposición de la declaración es el primer paso para el establecimiento de un impuesto predial y eso lo rechazan con vehemencia.
“ARENA y FMLN tienen un acuerdo bajo la mesa. Queremos que quede evidenciada la contradicción en la que ha caído ARENA”, dijo el diputado Guillermo Gallegos en referencia a que la semana pasada la Asamblea aprobó impuestos a las utilidades superiores a los $500,000 y el 5 por ciento a la factura de productos y servicios telefónicos pero el principal partido de oposición se opuso con el argumento que más tributos deprimen la economía y ahuyentan a los inversionistas.
En lo que ARENA, GANA y PDC sí están de acuerdo es en negarse a secundar la iniciativa oficialista de endurecer hasta con seis años de prisión a los evasores. Eso, expresaron, se convierte automáticamente en persecución política.