El Código Penal establece que el genocidio, los actos de terrorismo, la tortura y la desaparición forzada son delitos de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles –pueden perseguirse penalmente sin importar si fueron cometidos hace 10, 20 o 100 años-. FMLN, GANA y PCN, en la comisión de Legislación de la Asamblea, acordaron incluir en esa lista la evasión, elusión y otros delitos contra el ministerio de Hacienda.
La modificación al Código Penal la propuso el FMLN como parte de las iniciativas que ha presentado en los últimos tres meses para cerrar las rendijas que permiten que contribuyentes evadan y eludan pagar anualmente unos $2,000 millones al fisco.
Pero todavía quedaron en la gaveta las ideas del oficialismo de encarcelar a los contribuyentes que cometan esos delitos y eliminar la excusa absolutoria, es decir, el mecanismo que posibilita que la infracción desaparece cuando el imputado paga lo adeudado al fisco.
“Es bueno que cerremos los portillos a la evasión porque el que nada debe nada teme”, comentó Jackelyne Rivera, diputada del FMLN. Opinó, asimismo, que mediáticamente se ha manejado inadecuadamente el tema porque se intenta hacer creer a la opinión pública que se aumentarán las penas y se perseguirá con criterios políticos y no jurídicos.
Guillermo Gallegos, de GANA, señaló que desde que ARENA gobernaba el Órgano Ejecutivo se ha hablado de millonarias sumas de evasión pero se preguntó por qué el ministerio de Hacienda no ha hecho nada para frenarla. Por eso, insistió, es conveniente crear una comisión especial legislativa para investigar, tal como funcionó la subcomisión que entrevistó al expresidente Francisco Flores que en la actualidad está en el banquillo de los acusados por el supuesto desvío de $15,000, 000 de la cooperación de Taiwán entre los años 2003 y 2004.
ARENA, sin embargo, se opuso a la aprobación de la imprescriptibilidad con el argumento que contradice el Código Tributario, el Estado es ineficiente y que puede prestarse a la persecución política.
Ricardo Velásquez Parker, del principal partido de oposición, consideró que se manda como mensaje que los intereses del ministerio son mucho más importantes que los de la sociedad en general. “Los que defendemos las libertades económicas no creemos en los gobiernos ejecutivos porque defienden intereses políticos”, expresó. Agregó, además que parece que es más caro defraudar a la hacienda pública que una violación, delito fuera del catálogo de los delitos imprescriptibles.
“Parece que se defiende a evasores o contrabandistas. No es atentar contra el ministro de Hacienda (Carlos Cáceres) sino contra la salud, la educación, la seguridad”, le respondió Gallegos. Dijo, asimismo, que el proceso quedará cerrado solo hasta que enfrente el debido proceso como en cualquier otro caso.
Rolando Alvarenga, compañero de partido de Parker, prevé que pueda ocurrir, por ejemplo, que si a un contribuyente se le olvidó declarar dentro de once años el Estado puede procesarlo y llevarlo preso por el desliz.