La Sección de Probidad de la Corte Suprema (CSJ) debería empezar a seguir las pistas a los funcionarios cuyo patrimonio haya aumentado un 20 por ciento en poco tiempo, según el Grupo Promotor de la ley de Probidad Pública.
El Grupo –en el que participan FUSADES, ISD, UCA, FUNDE, DTJ y otros- presentó a la Asamblea Legislativa su propuesta de ley de Probidad en la que considera que la Sección debe convertirse en una dirección con sucursales en el interior de El Salvador para facilitar a los funcionarios las entregas de las declaraciones patrimoniales y controlarlos con mayor eficacia.
Pero hay más. Sugirieron que la presentación de la declaración no se limite a la toma de posesión y cese de funciones –que es de cada tres años en el caso de los diputados, cinco en el presidente y nueve para los magistrados- sino ampliarse a cada vez que asuma un nuevo cargo, fallezca, y los exfuncionarios deben presentar una cada 12 meses durante nueve años porque de lo contrario “nos resignamos a que el delito prescriba”.
José Miguel Arévalo, miembro del Grupo, citó estudios del Banco Mundial en el que asegura que un corrupto puede recibir los beneficios de actos ilícitos hasta después de cesar en el cargo. Argentina, Colombia y Panamá ya adecuaron sus leyes para investigar en ese sentido.
Los activistas también ven necesario que los titulares presenten declaraciones de interés que servirán para determinar si pueden obtener beneficios de una licitación o ser inversionista en una obra del Estado. “Sería uno de los mayores avances si se establece”, expresó Arévalo. Los estados de Chile y México han dado pasos en esa ruta.
Ese punto también lo propuso la Secretaría de Transparencia el 5 de octubre. También consideró necesario ampliar las investigaciones por corrupción a los empresarios que administren fondos públicos.
Otra de las ideas del Grupo es que quienes no presenten las declaraciones deben ser destituidos y las que sean llevadas incompletas a la Sección deben tomarse por no cumplidas.
“Pretendemos que la Sección, que ha estado abandonada durante mucho tiempo, en convierta en dirección y se robustezca”, expresó Claudia Umaña, de FUSADES. “Tenemos que tener no solo buenas leyes sino también la capacidad de aplicarlas”, agregó.
Javier Castro, de FUSADES, aseguró que el proyecto se inspira “en las mejoras prácticas internacionales”.
Las multas también deben aumentar, según el Grupo, de entre 2 a 30, 000 dólares porque en la actualidad hay hasta de 100 colones.