La Sección de Probidad de la Corte Suprema (CSJ) sigue las huellas a trece funcionarios –de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial- en cuyas declaraciones patrimoniales podría haber sospechas de enriquecimiento injustificado, dio a conocer Carlos Pineda, jefe de la entidad.
En la celebración de una audiencia en el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), Pineda dijo que en las próximas semanas presentará al Pleno de la Corte un informe de cuatro de los investigados. Se negó a detallar los nombres y si entre ellos está Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa.
“En algunos de los casos que estamos por terminar no hallamos irregularidades que puedan contemplarse como indicios”, expresó. Agregó, además, que espera que en los próximos días bancos e instituciones gubernamentales manden información para seguir estudiando más casos.
Pineda llegó al Instituto a la audiencia por la postergación en la entrega de las auditorías de declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes después que la semana pasada aseguró que había empezado a hacerlas, es decir, que las tiene en etapa preliminar. Tiene hasta el 21 de diciembre como plazo para terminarlas y entregar los resultados al ciudadano Roberto Burgos Viale.
El jefe de Probidad, dijo durante la audiencia que no es que se haya negado a entregar la información a Burgos Viale –que la pidió sobre los exmandatarios- sino que actualmente está en la etapa preliminar que es cuando los auditores y analistas comparan las declaraciones con los anexos para determinar si existen incongruencias que puedan llevar a enriquecimiento ilícito. Posteriormente piden ayuda a los bancos, Ministerio de Hacienda, Centro Nacional de Registros (CNR), y otras instituciones que puedan saber de movimientos de propiedades y financieros de los investigados.
Si al comparar la información de otras instituciones con la declaración patrimonial se detectan indicios de enriquecimiento entonces Probidad elabora un informe y lo manda al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que podrá ordenar juicio contra el funcionario, así como ha ocurrido con Reynaldo Cardoza, diputado del PCN, cuyo caso está en la Cámara Segunda de lo Civil.
Probidad, sin embargo, calculó que tardará unos dos meses más en llegar hasta la última etapa no obstante Flores, Saca, y Funes dejaron el poder hace 11, seis y un año respectivamente.
“No tengo nada que ocultar”, aseguró Pineda al inicio de la audiencia en referencia a que en 2004 el Pleno de la Corte, que entonces lideraba el exmagistrado Agustín García Calderón, mutiló las funciones de Probidad al impedirle solicitar informes de transacciones financieras s a los bancos después que salieron a la luz indicios de irregularidades en el crecimiento de las fortunas del expresidente Flores y de sus funcionarios María Eugenia Brizuela de Ávila, Miguel Lacayo, Enrique Molins, Juan José Daboud Abdala, entre otros; esa función se la restituyeron, en enero de 2014, los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González, Ovidio Bonilla, María Luz Regalado, Rosa María Fortín, Elsy Dueñas de Avilés, Lloly Claros de Ayala, José Roberto Argueta, Juan Manuel Bolaños y Ricardo Iglesias.
Pero no solo es que casi recién esté estrenando atribuciones sino también que solo en 2015 Probidad recibió 83,000 declaraciones –más 5,982 declaraciones en versión pública que ha entregado a la ciudadanía- que deben procesar 23 empleados. A eso agregó que a veces las instituciones se tardan en mandar información sobre los funcionarios.
Jaime Campos, comisionado del Instituto, preguntó a Pineda cuánto tarda en promedio para auditar un patrimonio pero la respuesta no fue definitiva porque hay declaraciones que pueden estudiarse en una hora pero otras en unos cinco días porque los montos de dinero varían. La del diputado pecenista, por ejemplo, Probidad tardó entre dos a tres meses en estudiarla y presentarla a Corte Plena. “No es tan fácil verificar cada transacción y luego cruzarla. Depende de la agilidad de las instituciones, del flujo de efectivo”, expresó.
Burgos Viale pidió en la audiencia que el Instituto sancione a José Armando Pineda Navas, presidente del Órgano Judicial, por el incumplimiento de la entrega de las auditorías. La pena va desde pago de multa de entre 20 a 40 salarios mínimos y suspensión de 30 días sin goce de sueldo.
El 22 de agosto Diario El Mundo publicó que el patrimonio de los expresidentes aumentó mientras se mantuvieron como funcionarios. El de Flores creció $359,655; de Saca, $10,435, 339; y de Funes, $57,910.