El ejemplo que dio Rodrigo Ávila sonó a tiro por la culata. Durante la tregua que suscribieron el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha –cuya vigencia abarcó marzo de 2012 hasta principios de 2014- los pandilleros aprendieron panadería y salieron a vender en las colonias de Apopa, al norte de San Salvador; cuando concluyeron que la competencia por los clientes era demasiado dura decidieron matar a los panaderos y seguir extorsionando. Pasados los meses ninguno logró reinsertarse y tenían las manos manchadas de sangre. ¿Por qué no cambiaron? Según el diputado de ARENA la respuesta es simple: no abandonaron los grupos delincuenciales sino que los legitimaron, dijeron públicamente sentirse orgullosos de pertenecer a ellos.
Pero el camino es otro, consideró Ávila. Colombia, ejemplificó, después de la muerte del capo Pablo Escobar Gaviria, creó un programa de acogimiento a la justicia que logró deserciones masivas de integrantes de grupos paramilitares, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), autodefensas y narcotraficantes. “Puede haber espacios de amnistías para los que han cometido delitos (…) Lo estamos discutiendo de manera profunda y puntual”, opinó el también exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC). El Estado podría, agregó, no perseguirlos por el cometimiento de agrupaciones ilícitas si expresan públicamente que quieran abandonar las pandillas e incluso crear mecanismos de protección ya que es regla no escrita que los que se declaran retirados suelen ser asesinados. También serán necesarios sistemas de asistencia social para las familias de los que reinserten para que pasen de vivir de las extorsiones a salario producto de un trabajo digno.
Este es el debate que libran Ávila, Hugo Barrera y Margarita Escobar, del principal partido de oposición; Antonio Echeverría y Blandino Nerio, del FMLN; Antonio Almendáriz, del PCN; y otros políticos como miembros de un comité especial dentro de la Comisión Interpartidaria: cómo estimular la salida de miembros de las pandillas y reinsertarlos en la sociedad sin propiciar que en El Salvador haya más impunidad.
El punto de partida del debate ha sido el Plan El Salvador Seguro –que elaboró el Consejo de Seguridad y cuya puesta en ejecución costará más de $2,000 millones en cinco años- y el proyecto de ley de proscripción de pandillas que presentó el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén la segunda quincena de septiembre de 2015. Los partidos han hecho observaciones y dado a conocer sus propuestas con las que un grupo de asesores han hecho una matriz de ideas generales de lo que puede contener un proyecto final. En las reuniones de la Interpartidaria también participan el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además de ideas sobre cómo reinsertar a los pandilleros que han delinquido los diputados analizan qué tipo de programas de reeducación puede el Estado implementar en las localidades donde la violencia es el pan de cada día.
“Se requerirá la aplicación de la ley, programas de reinserción y de cero violencia. Mezclar y combinar todo eso no es una tarea fácil”, comentó Margarita Escobar, del principal partido de oposición.
La necesidad de conocer experiencias en resoluciones de conflictos llevó, el 20 de agosto, a los diputados Almendáriz, Díaz, Parker y Ávila, así como a empresarios y miembros del Consejo de Seguridad a Medellín a conocer la Colombia después de Pablo Escobar.
También está en el centro de dónde se obtendrá dinero para financiar los programas. En la Asamblea hay seis propuestas: impuesto a los más de $1,000 millones anuales que reportan como ganancias las telefónicas, al 10% de la factura de productos y servicios de telefonía, –que impactaría el bolsillo de los usuarios-, a las fortunas superiores a los $500,000, a los casinos y un bono especial que podrán comprar todos los salvadoreños. Ayer Arnoldo Marín, diputado suplente del PDC, dijo minutos antes de la celebración de la sesión plenaria que FMLN y GANA estaban negociando el voto final para aprobar el tributo a los más de $500,000.
El pedecista Rodolfo Parker rechazó que en la Interpartidaria se esté discutiendo la posibilidad de amnistías para pandilleros. Solo se ha hablado, aseguró, de reinserción. La efemelenista Nidia Díaz aclaró que ese tipo de beneficios solo pueden ser para quienes el sistema judicial les ha impuesto penas excarcelables, es decir, menores a los tres años de cárcel, como amenazas, robos, entre otros.
“Pueden entrar aquellos que tienen medidas cautelares o delitos no graves pero los homicidas no”, señaló Díaz.
Los diputados prevén que entre febrero y marzo de 2016 ya puede estar listo el proyecto.
El Salvador conoce de ese tipo de indultos. En sesión extraordinaria del sábado 18 de marzo de 1993 los partidos ARENA, PCN, Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) aprobaron, con 47 votos, la Ley de Amnistía General que puso un manto de protección para los militares y guerrilleros que fueron señalados en el Informe de la Comisión de la Verdad como responsables de crímenes durante la Guerra Civil. Varios implicados en el asesinato de los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Amando López, Joaquín López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes y sus colaboras Elba y Celina Ramos, por ejemplo, salieron libres gracias a ese decreto.