El diputado del partido ARENA Ernesto Muyshondt criticó este lunes la propuesta del Ejecutivo de añadir un impuesto a los servicios telefónicos señalando que “existe otras alternativas para obtener recursos como minimizar gastos innecesarios en el Estado”.
De acuerdo con Muyshondt, la propuesta de su partido para financiar el combate a las pandillas a través de la ejecución del Plan El Salvador Seguro es restarle un 5% a cada cartera de estado, exceptuando a Seguridad, Salud y Educación, con lo que, según él, se podrían obtener $300 millones al año.
Asimismo, el diputado tricolor retomó la frase del alcalde de San Salvador por el FMLN Nayib Bukele, diciendo que “alguien del FMLN anda diciendo que el dinero alcanza cuando no se roba, y al gobierno no le alcanza el dinero para financiar la seguridad”.
Esta postura fue respaldada por Rodrigo Molina Rochac, miembro del Consejo Ejecutivo de ARENA, quien dijo que “en saco roto, no importa cuánto dinero se le meta, el dinero se sigue perdiendo. El del FMLN es el gobierno que más ha tenido dinero, pero la gente no percibe la efectividad de este dinero porque no ha estado bien orientado al tema de seguridad”, dijo.
“La verdad es que este impuesto no va a estar destinado a la seguridad sino que a financiar al estado y el otro año estar en lo mismo”, aseguró Molina Rochac.
“Con el impuesto, el gobierno dice que recogerían $140 millones al año; con el cinco por ciento menos a cada cartera se recogería el doble, y es un porcentaje que no le quita la efectividad a ninguna cartera de Estado”, señaló el diputado de oposición, Muyshondt, en el programa radial Pencho y Aída, transmitido por 107.7 FM.
Por su parte, el gobierno del FMLN ha sostenido que este nuevo impuesto del 10 por ciento a los servicios de telefonía no afectaría a la población salvadoreña, ya que se aplicará una reducción de tasas en las tarifas de hasta el 13 por ciento, lo que, en teoría, absorbería el impacto.
Con los $140 millones que el gobierno pretende recolectar se estaría reforzando el combate frontal que ejecuta a la Fuerza Armada y los cuerpos especiales de la Policía Nacional Civil contra las pandillas, así como los programas de rehabilitación y reinserción de delincuentes que detallados en el Plan El Salvador Seguro, un proyecto construido por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia a principios de este año.