El presidente Salvador Sánchez Cerén aseguró que la propuesta de gravar con el 10% al total de la factura de la telefonía afecta a los consumidores que más gastan en ese rubro y no a los más pobres como han advertido sus detractores.
Afirmó, además, que el proyecto no es improvisado sino que lo ha meditado largamente el Gobierno que preside. “Es una contribución en la que todos vamos a participar porque todos estamos preocupados por la inseguridad”, expresó en conferencia de prensa en Casa Presidencial.
El presidente dijo conocer las preocupaciones de los usuarios de servicios telefónicos pero reiteró que es una contribución en la que participan todos los salvadoreños, sean pobres o los empresarios que mueven grandes cantidades de dinero.
“Es de justicia que todos aportemos a la seguridad del país (…) es hora de actuar, de que nos pongamos la mano en la consciencia y preguntemos cómo podemos ayudar”, declaró.
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El Mandatario recordó que hasta la fecha no han discutido con ningún partido la propuesta pero están dispuestos a modificarla hasta donde se pueda con tal de no afectar a los consumidores. Aunque advirtió que de ARENA no esperan apoyo porque ese partido está en la “lógica de hacer quedar mal al Gobierno”.
Según Sánchez Cerén en su administración se están ejecutando más de $70,000, 000 para la construcción de dos fases en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate y esperan invertir más en 2016.
También anunció que en los próximos días presentará a los partidos el proyecto de ley de reinserción y retiro de miembros de pandillas. “Debemos abrir salidas a los obligados a seguir ese camino (de las pandillas), pero esto también requiere recursos que se deben dedicar a los municipios más inseguros”, reiteró.
Roberto Lorenzana, secretario Técnico de la Presidencia, explicó que en la reducción del 13 por ciento a las tarifas telefónicas que podría entrar en vigencia en octubre votaron todos los integrantes de la Junta Directiva de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones entre estos dos representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el del Colegio de Ingenieros Eléctricos.
En la conferencia los periodistas le preguntaron cuál es la lógica de primero presentar la propuesta y luego recortar los cobros de las telefónicas y respondió que no podían proponer un tributo contra esas empresas porque la ley prohíbe los cobros dobles de impuestos por eso prefirieron tomar ese camino que al final tendrá un impacto nulo en los bolsillos de los ciudadanos.
“Se miraba la oportunidad de reducir las tarifas para generar el espacio y no incrementar el valor del consumo de las familias”, concluyó Carlos Cáceres, ministro de Hacienda.