Las personas que maten o amenacen a otra por razones étnicas, religiosas, políticas y por orientación sexual enfrentarán hasta 60 años de cárcel, de acuerdo con las reformas a los artículos 129 y 155 del Código Penal que aprobó la Asamblea Legislativa.
Las penas por crímenes de odio oscilan entre los 20 a 30; de 30 a 50; y de 40 a 60 años de prisión, según lo establecieron los diputados con 75 votos de todos los partidos con representación legislativa.
Por las amenazas los condenados purgarán con entre tres a seis años de cárcel.
Las reformas aprobadas las propuso el Frente Farabundo Martí (FMLN) y las acompañaron todos los partidos.
“Es para proteger a una población muy vulnerable con la que estamos saldando una deuda”, explicó Cristina Cornejo, diputada efemelenista.
La modificación legal empalma con las penas que establece la Ley por una Vida Libre de Violencia Contra Las Mujeres aprobada el 24 de noviembre de 2010.
Desde 1997 hasta la fecha, recordó Cornejo, han sido asesinadas unas 500 personas por su orientación sexual. En 2013 murieron de forma violenta 30; en el año en curso, 12.
“El país no está exento de la crueldad (contra ese sector de la población)”, agregó la parlamentaria.
Guillermo Gallegos, de GANA, rechazó que en El Salvador se cometan crímenes de odio. “Servirá como sanción (la reforma) para crear una cultura de respeto”, comentó.
El 28 de junio de 2015 Aldo Alexander Peña, del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), sufrió una brutal golpiza que le propinó un miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) supuestamente por su condición sexual –nació como mujer pero su identidad es masculina-.
La aprobación la aplaudieron activistas de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, y Transgénero (LGBTI).