El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de impuesto especial que será financiado por todos los usuarios de servicios telefónicos en todas sus modalidades. Al costo de cada factura se le sumará el 10% sobre el total lo que dejará cada año unos $140,000, 000.
El artículo 1 de la propuesta dice que la contribución recaerá sobre la adquisición y uso de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades y sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios de los mismos. Los obligados al pago serán los usuarios, revendedores y importadores.
Benito Lara, ministro de Seguridad y Carlos Cáceres, de Hacienda, presentaron la propuesta a la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña. El dinero lo administrará el fisco y la ejecución la vigilará el Consejo de Seguridad.
Cáceres aseguró que es un impuesto de justicia ya que en El Salvador hay 10,000, 000 de teléfonos aunque la población llega a más de seis millones. «Toda la gente pagará pero también todos se verán beneficiados», agregó.
El ministro dijo que también espera que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo apoye y no lo declare ilegal cuando «los enemigos de la justicia» presenten demandas de inconstitucionalidad.
Hato Hasbún, secretario de Gobernabilidad, comentó que el país no puede depender exclusivamente de la cooperación internacional para financiar los planes de seguridad.
El dinero que salga del impuesto especial servirá para echar a andar el Plan El Salvador Seguro.
El 4 de julio de este año el presidente Sánchez Cerén anunció que el Consejo de Seguridad estudiaba una propuesta de impuesto especial.
Unos seis meses antes el empresario Rafael Castellanos dijo en una entrevista a un medio de prensa digital que la seguridad podía financiarse con un aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) porque un tributo focalizado en las ganancias de las grandes empresas iba espantar las inversiones.
La semana pasada Guillermo Gallegos, diputado de GANA, aseguró que había logrado consensuar 42 de 43 votos necesarios para que la Asamblea aprobara la implementación de un tributo focalizado en las ganancias de las telefónicas para financiar la seguridad.