Guillermo Gallegos, diputado de GANA, aseguró que ha consensuado 42 de los 43 votos necesarios para que la Asamblea Legislativa apruebe el impuesto especial que el Estado destinaría en la lucha contra las pandillas y que deberán pagar las empresas telefónicas con el 10% de las ganancias mensuales que reportan al Ministerio de Hacienda.
El diputado presentó la propuesta el 24 de agosto. En las últimas dos semanas ha trascendido que ARENA no apoyaría; FMLN y PCN iban a reflexionar las implicaciones de un tributo focalizado de esa manera.
Santiago Flores, diputado del FMLN, negó conocer que haya 42 votos para aprobar el tributo. Explicó que con él nadie ha hablado de eso.
Nidia Díaz, compañera partido de Flores, también alegó desconocimiento aunque aplaudió que Gallegos impulse un impuesto progresivo que grava a las personas -naturales o jurídicas- que más dinero ganan anualmente y no uno regresivo como el IVA que se carga incluso a quienes ni siquiera tienen un empleo. «Debe haber discusión y consenso. En la Comisión Interpartidaria vamos a hablar de eso», agregó.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN en la Asamblea, explicó que nadie ha hablado con él de aprobar el tributo focalizado. Rechazó, asimismo, gravar el 10% de las ganancias a las telefónicas. «La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley pero eso se rompe con la propuesta», comentó.
El 4 de julio el presidente Salvador Sánchez Cerén dio a conocer que el Gobierno preparaba una propuesta de impuesto focalizado a las telefónicas para inyectar recursos a la seguridad y que iba a llevar al Consejo de Seguridad y Convivencia. Ese día también criticó que en El Salvador haya grandes empresas y familias que todos los años obtienen millonarios recursos pero se resisten a pagar al Estado. Tres días después Milena Calderón de Escalón, de ARENA, afirmó que ese enfoque «solo lo venden los socialistas» y aconsejó al FMLN mejor invertir los $138,000, 000 en préstamos que tiene guardados mientras recordaba que en la presidencia de Mauricio Funes se echaron a andar la tres fases de la Reforma Fiscal.
El 15 de enero de este año el Consejo presentó el Plan El Salvador Seguro que contiene 124 acciones para enfrentar la criminalidad y la violencia como incrementar la presencia del Estado en los 50 municipios más peligrosos. Implementarlo costará unos $2,000 millones en cinco años.