Diputados de GANA insistieron en que es mejor que de sus bolsillos las telefónicas “contribuyan” con unos $100,000, 000 anuales para financiar el Plan El Salvador Seguro en vez de gravar con el 10% la factura de los productos y servicios que compran los consumidores de telefonía, como lo ha propuesto el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Guillermo Gallegos y Francisco Zablah, de GANA, recordaron que anualmente las telefónicas ganan unos $1,000 millones anuales y por eso es conveniente que contribuyan “solidariamente” en el financiamiento de los planes de lucha contra la criminalidad.
“No es con ánimo de arremeter (…) nos basamos en la responsabilidad y compromiso social que deben tener con el país que les ha abierto las puertas”, dijo Gallegos que el 10 de agosto presentó a la Asamblea la propuesta de gravar el 10% a las ganancias de esas empresas. Agregó, asimismo, que la ciudadanía ya está “bastante golpeada” como para aumentarle el pago de impuestos.
El diputado adelantó que también otras empresas pueden contribuir como, por ejemplo, los bancos.
Francis Zablah, diputado de GANA, recordó que sectores como las gasolineras pagan impuestos como el FEFE y FOVIAL mientras las telefónicas no pagan contribuciones especiales. También explicó que hace un año propuso que de los $4,000 millones en remesas que mandan los migrantes salvadoreños el Estado captara unos $400,000, 000 para financiar servicios sociales. Su idea no prosperó.
Rolando Mata, del FMLN, opinó que las críticas son más «una estrategia de dientes» que de voluntad real de aportar ideas en el combate a los criminales.
Mario Ponce, diputado del PCN, se negó a opinar porque dijo desconocer la propuesta que presentaron ayer Benito Lara, ministro de Seguridad, y Carlos Cáceres, de Hacienda, aunque advirtió que no puede llamarse “contribución especial” porque si es forzada es un impuesto.
La semana pasada Antonio Almendáriz, también del PCN, dio a conocer otra idea para financiar seguridad: gravar a los casinos y establecimientos de juegos de azar.
Ahora en la mañana René Portillo Cuadra y Mauricio Ernesto Vargas, diputados de ARENA, señalaron que la propuesta es un “latigazo más” al bolsillo de los salvadoreños consecuencia de la ineficiencia, incapacidad e inexperiencia de los funcionarios encargados de la seguridad pública.