El derrocamiento de una trama de corrupción que lideraban el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti así como la consiguiente movilización social que con sendas manifestaciones presiona a la élite política para que erradique cualquier intento de más fraudes al Estado son escenarios que de ninguna manera pueden replicarse en El Salvador porque la realidad de El Salvador es completamente diferente a la de Guatemala, según los diputados de FMLN y GANA.
En el país, explicaron Guillermo Gallegos, de GANA y Santiago Flores, del FMLN, ya hay un expresidente que enfrenta la justicia: Francisco Flores Pérez, que supuestamente protagonizó el desvío de $15,000, 000 de la cooperación de Taiwán a finales de 2003 y principios de 2004 que iban a ser destinados para la reconstrucción de casas que dañó el terremoto de 2001, financiamiento de proyectos productivos y otros pero que en realidad terminaron en las arcas de ARENA.
Señalaron, además, que las instituciones y los partidos salvadoreños son fuertes mientras en el país vecino son débiles. Esta es el principal argumento que esgrimieron para rechazar la creación de una comisión internacional contra la impunidad auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la que llevó a los tribunales a Pérez Molina y Baldetti así como también ha investigado casos de gran trascendencia como el asesinato de los diputados Eduardo d´Aubuisson, Ramón González y William Pichinte que viajaba a una reunión del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
“Lo que ocurre en Guatemala es muy diferente a lo que tenemos aquí”, expresó Gallegos unos minutos antes de entrar al pleno de la Asamblea Legislativa. Aunque admitió que los sucesos son una especie de advertencia que debe obligar a todos los diputados a ceñirse a la honradez.
Similar es la opinión de Nidia Díaz, del FMLN, que además de aplaudir la intimación de Pérez Molina ante el estrado instó a todos los funcionarios a poner sus barbas en remojo. “Nos alegra porque eso demuestra que la justicia no solo pica a los descalzos”, afirmó. Recordó, asimismo, que cuando llegó a la presidencia Mauricio Funes ordenó investigar las irregularidades que cometieron los funcionarios de administraciones anteriores y fue así como posteriormente llevó un legajo de casos a la Fiscalía General (FGR), entre estos la red de corrupción en la construcción de siete hospitales públicos (el proyecto RHESSA) o el desfalco en el bulevar Monseñor Romero.
Jorge Velado, presidente de ARENA, puso en tela de juicio que la institucionalidad funcione para referirse a la creación de una comisión contra la impunidad. Cuando se le pregunta si una entidad de ese tipo sería solo para indagar a los funcionarios del FMLN aclaró que debería ser “para todo. El que nada debe nada teme”.
Unas dos horas después que los diputados entraron al pleno en los alrededores de la Asamblea se concentró un grupo de unos 30 activistas que exigen la instalación de una comisión internacional. Ellos hablaron de casos que sospechan han ocurrido en las presidencias de Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y a Salvador Sánchez Cerén le achacaron el mutismo a la hora de frenar la ola de homicidios que solo en agosto dejó como saldo 907 víctimas de la guerra entre las pandillas. Les acompañó Mario Valiente, exdiputado del principal partido de oposición.
Paul Steiner, uno de los fundadores del movimiento Democracia Limpia, comentó que la “partidocracia ha hecho a los ciudadanos servidores de los partidos y no al revés como debería ser”. También admitió que las realidades salvadoreña y guatemalteca son diferentes pero señaló que en ambas la corrupción y la impunidad reinan. “Esa es una situación que tomará muchas décadas remediar pero hay que comenzar”, dijo.