«En todo el Estado podemos recortar los gastos en alimentos, viajes y viáticos». «ARENA habla de austeridad pero a la hora de llevarla a la realidad son primeros en dar un paso al costado». Estas son las opiniones encontradas que los diputados tienen frente a un dilema: renunciar a vales de gasolina, camionetas lujosas, viajes, viáticos y alimentos que paga el Estado e invertir los millonarios montos en la ejecución del Plan El Salvador Seguro que contiene programas de lucha y prevención de la violencia.
ARENA y PDC presentaron dos propuestas con en ese sentido: el primero sugirió crear una comisión temporal que integrarán todos los partidos que estudie de qué rubros del Presupuesto General de la Nación pueden transferirse fondos con tal de evitar la vigencia de un impuesto generalizado como el que presentó el viernes pasado el presidente Salvador Sánchez Cerén del 10% a la factura de productos y servicios telefónicos; el segundo sugirió gravar con porcentajes del 3 al 10 por ciento los salarios de todos los funcionarios que ganan entre 1,500 a 3,000 dólares mensuales.
En la celebración de la sesión plenaria de este jueves el pedecista Rodolfo Parker pidió que su propuesta fuera estudiada pero solo lo secundaron ocho de 84 diputados. La idea del principal partido de oposición tampoco trascendió aunque ambas llegarán a las comisiones legislativas la próxima semana.
Milena Calderón de Escalón, de ARENA, puso un ejemplo: Manuel Melgar, secretario privado de la Presidencia, tiene a su disposición $62,000, 000 sin que haya claridad para qué los ocupa; el presidente presupuesta mensualmente $1,000, 000 en propaganda. En la Asamblea, agregó, sería correcto recortar gastos en comida, foros, viajes. «Con madurez busquemos las soluciones sabedores que debemos poner una cuota de sacrificio», comentó. Está segura que la idea provocará resistencias en todos los partidos, pero advirtió que llegará el día en que los lujos pagados por el Estado se acabarán. «Si el FMLN tanto cacaraquea que la seguridad es problema de todos, entonces no podemos esperar más para dar soluciones», afirmó.
Cuando se le preguntó a Zoila Quijada, diputada del Frente, qué opina de las propuestas de los partidos de oposición, respondió que el Gobierno ya tiene una política de austeridad y otras medidas de reducción del gasto como congelación de plazas -excepto en salud, educación y seguridad- que ha llevado a cortar el «despilfarro» que, según ella, hubo en las cuatro administraciones presidenciales de ARENA que lideraron Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Aseguró, además, que Sánchez Cerén es transparente y ha evitado que en su círculo haya corrupción.
También se le cuestionó qué opinaba de la reducción de viajes al extranjero que hacen los diputados con fondos públicos y contestó que cuando estuvo en Junta Directiva de la Asamblea recortaron los gastos en ese rubro y entiende que todavía es así. Justificó, asimismo, que las relaciones internacionales ayudan a fortalecer el Estado.
El Gobierno, según Quijada, ha abierto las puertas a debatir cómo puede financiarse el plan que elaboró el Consejo de Seguridad. «Lo que no acepto es que ARENA hable de disponer de dinero pero a la hora de la verdad son solo palabras», dijo. Explicó que dona el 30% de su salario para el partido y el 20% de viáticos al financiamiento de becas estudiantiles.
Mario Ponce, del PCN, consideró que la propuesta de Parker es bien intencionada y es una muestra de solidaridad.
En la palestra está la discusión de cómo financiar los planes de seguridad. A principios de agosto Guillermo Gallegos, diputado de GANA, propuso gravar con el 10% de los más de $1,000 millones que anualmente reportan al Ministerio de Hacienda como ganancias. El martes pasado también sugirió un tributo que cargarán las empresas que ganan más de $500,000 cada año. La fracción pecenista pensó en uno que paguen los casinos y las casas de azar.
Pero el dilema no es nuevo
En la presidencia de Funes, Carlos Cáceres presentó la Reforma Fiscal que en su tercera fase –que conoció el 15 de mayo del año pasado la Asamblea- pretendió imponer un tributo a los bienes de lujo, transacciones bancarias superiores a los $750 y a los periódicos. El ministro de Hacienda alegaba que quien tuviera más podía contribuir más para llevar al 17 por ciento la carga tributaria de El Salvador.