René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, aseguró que la reforma a la Ley de Pensiones que prepara el Gobierno de Salvador Salvador Sánchez obligará al 70% de los asalariados a cotizar en un sistema público que, una vez jubilados, no les pagará más de $200 sin importar la cantidad de dinero que a lo largo de sus vidas hayan pagado.
Lo más grave, continuó, es que la propuesta -que en el Ministerio de Hacienda es considerada un borrador- no es más que un «maquillaje» que aumentará la deuda pública. A eso se sumará un impuesto que afectará a toda la población con bajos ingresos.
«Ante la crisis que vive El Salvador ahora asaltan los fondos de pensiones para dilapidarlo en viajes, vehículos, propaganda», advirtió en una conferencia de prensa que brindó con sus compañeros Milena Calderón de Escalón y Donato Vaquerano durante la celebración de la sesión plenaria en la Asamblea.
Agregó que el principal partido de oposición se opondrá a la «confiscación» del dinero que servirá para el retiro de los trabajadores.
Durante la conferencia la prensa le preguntó si ARENA había utilizado inadecuadamente los fondos de las pensiones, como lo señaló el lunes pasado Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, pero el también excandidato a la vicepresidencia pidió que si hay pruebas que se presenten.
Los diputados pidieron que la Asamblea cite a Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, para que aclare cuál es la intención de la propuesta que «reparte pobreza porque nos obliga a cotizar, pagar impuestos y a una pensión mínima».
Medardo González, coordinador del FMLN, rechazó los señalamientos y explicó que el Gobierno no tiene una propuesta oficial sino un borrador. «El presidente no ha dado luz verde, el equipo está trabajando», comentó.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, criticó que hasta el momento Hacienda no se ha acercado a consultar con los partidos la propuesta. «Empezó de manera chueca, mejor se hubiera abordado con la participación de todos»; expresó.
Ponce, del PCN, consideró que las palabras que ARENA ocupó son «muy fuertes» ya que es una propuesta que «mientras no sea decreto es un papel más». Recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea darle una buena rentabilidad a los fondos de los pensionados cuando los invierte en el mercado.