Las propiedades y el patrimonio personal disminuyen mientras las deudas y las penurias económicas aumentan cada año que transcurre. Esto se observa de la revisión de las declaraciones patrimoniales que seis exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentaron a la Sección de Probidad en los años 2012 y 2015.
Se le solicitó a la Unidad de Acceso a la Información del Órgano Judicial las declaraciones de los exmagistrados Rosa María Fortín Huezo, Ulises del Dios Guzmán, Miguel Alberto Trejo Escobar, Mario Francisco Valdivieso Castaneda y José Néstor Mauricio Castaneda Soto. Las respuestas muestran, curiosamente, que las finanzas de los funcionarios están en números rojos o, contrario a las de los diputados que aumentan cada año que transcurre, han tenido aumentos menores a los $400,000.
Más y más deudas
Fortín Huezo asumió como magistrada de la Sala de lo Penal el 1 de julio de 2006. Había iniciado su carrera como secretaria de actuaciones, luego como jueza suplente, propietaria hasta llegar a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador. En la declaración de toma de posesión aseguró a Probidad que sus bienes muebles –pueden ser joyas, dinero, carros, todo lo que se puede trasladar- más las inversiones que había hecho sumaban $8,021 mientras sus deudas ascendían a $13,705 lo que le dejaba como patrimonio líquido $-5,684. Ese año recibió como salarios $53,417 y gastaba $41,975 anuales.
Nueve años más tarde sus bienes y los de su familia sumaban $39,870 pero las deudas también crecieron hasta llegar a $69,373.88 lo que le ha dejado como patrimonio $-29,502.89. Los ingresos anuales aumentaron a $87,940 y los gastos a $84,552.44.
Mientras fue funcionaria Fortín Huezo intentó mantenerse alejada de las cámaras pero el cuasi anonimato desapareció cuando la Sala de lo Constitucional sentenció que su nombramiento y el de sus colegas Valdivieso, Lloly Claros de Ayala, Trejo Escobar y Evelyn Roxana Núñez Franco como magistrados era ilegal. En junio de 2012 calificó la decisión como un “descalabro” para el Órgano Judicial.
También tomó un papel activo cuando la Corte frenó la detención con fines de extradición contra trece militares que el Juzgado de Instrucción número 006 de la Audiencia Nacional de España juzga por los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martí Baró, Amando López, Joaquín López y sus colaboradoras Elba y Celina Ramos ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA).
En octubre de 2013 su nombre sonó como una de las posibles cartas a presidenta del Órgano Judicial en sustitución del exmagistrado Salomón Padilla.
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Perder más de $100,000
En la declaración de toma de posesión que presentó en 2003, Ulises del Dios Guzmán Canjura presentó bienes personales y familiares que sumaban $231,999.96, cero deudas y patrimonio por la misma cantidad. Tenía cuentas por cobrar por $80,000 y disfrutaba de $6,000 anuales en aguinaldos, vacaciones y otros rubros. Los ingresos los estimó en $47,609.15 y los gastos en $33,845.48.
Para 2012 sus bienes personales crecieron a $48,429 y los familiares a $18,143, las deudas $137,524; su patrimonio disminuyó a $128,334.31. En la casilla de aguinaldos, vacaciones y sobresueldos declaró $311.40.
Mientras fue magistrado Guzmán Canjura jugó un papel polémico e incluso fue el blanco de los señalamientos de sus compañeros. El 17 de septiembre de 2011, por ejemplo, su colega Florentín Meléndez lo acusó de bloquear la depuración de jueces, abogados y notarios involucrados en casos de corrupción judicial.
A finales de 2011 se convirtió en uno de los defensores de los militares sobre los que pesaba una orden de difusión con fines de extradición que giró el juez Eloy Velasco Núñez de la Audiencia Nacional de España.
En febrero de 2012 Samuel Lizama, entonces juez 5° de Instrucción, emitió una resolución en la que desconoció como director de la Policía Nacional Civil (PNC) a Francisco Salinas porque la Constitución prohíbe que un militar de carrera ejerciera ese cargo. Guzmán Canjura fue uno de los magistrados que promovieron degradarlo por su criterio al Juzgado de Paz de Zaragoza, en La Libertad.
Guzmán Canjura también jugó un papel trascendente cuando el pleno de la Corte cerró, en 2004, las puertas a que Probidad pidiera informes bancarios sobre las declaraciones patrimoniales del expresidente Francisco Flores y sus funcionarios Miguel Lacayo, Juan José Daboud Abdalá, María Eugenia Brizuela de Ávila, Guillermo Alfredo Sol Bang, Enrique Molins, entre otros.
Crecimiento
Miguel Alberto Trejo Escobar es de la generación de magistrados de Fortín Huezo. Al asumir funciones declaró como patrimonio $185,928.12 producto de $213,771.42 de bienes menos $27,843.24 de deudas. No presentó cuentas por cobrar ni inversiones. Sus ingresos anuales ascendían a $63,010 mientras sus gastos rondaban los $50,052.
Antes de llegar a la Corte, Trejo se desempeñó como fiscal en Chalatenango, Usulután y San Miguel. En los años 90 trabajó como magistrado en la Cámara de Menores en Oriente y en San Salvador.
En 2015, al terminar su periodo, Trejo Escobar tenía en sus bolsillos $255,963.10, ingresos por $109,284.70 y gastos por $70,484.76.
Los bienes familiares crecieron de $55,371.42 a $199.428.40, es decir, casi $150,000. En ninguna de las declaraciones presentó cuentas por cobrar o inversiones.
Las otras caras de la moneda
Contrario a sus excompañeros magistrados, Valdivieso Castaneda sí vio crecer su estado financiero de manera considerable. En la toma de posesión de 2006 declaró $278,350 en bienes, $2,400 en deudas y $275,950 como patrimonio. Sus ingresos sumaban $47,143.20 y sus gastos $36,585.84.
En las cuentas por cobrar tenía $38,350.
Nueve años más todo había cambiado. Al terminar funciones en la Corte sus bienes sumaron $1,109, 400 y sus deudas quedaron a cero. Su patrimonio creció $833,450 aunque su fortuna personal decreció la de su familia aumentó de cero a $960,000 en varios rubros.
Lo mismo pasó con los salarios familiares: pasaron de cero a $48,000.
El millón de dólares está aquí
Al asumir como magistrado en 2003 Castaneda Soto declaró como patrimonio líquido $827,944.70 producto de $838,593.88 en bienes menos $10,469.14 en deudas. Anualmente recibía de ingresos $105,037 y gastaba $39,586.20.
Nueve años después su patrimonio líquido era de $1,161, 271 formado por $1,173, 836 en bienes menos $12,565.20 en deudas. Sus salarios ascendían a $48,843 más $3,000 de dietas más $144,000 de otras rentas. Su gasto de vida anual era de $67,168.
El crecimiento de su patrimonio se identifica en sus bienes muebles e inmuebles y en que sus deudas personales quedaron a cero.
