Nelson García, viceministro de Transporte, aseguró que el Gobierno no ha concesionado el carril segregado sobre el que pasa el Sistema Integrado de Transporte (SITRAMSS) sino que le pertenece al Estado y no a los empresarios que compraron acciones en SIPAGO.
En la comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa el viceministro García y Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, respondieron a los diputados que el Estado tiene facultad para construir carriles o vías exclusivas y es lo que ha hecho en este caso, contrario a lo que ha argumentado un grupo de empresarios que presentaron una demanda de inconstitucionalidad que admitió la semana pasada la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Si hubiera sido licitado y concesionado el carril, explicó García, el Gobierno cobraría peaje a los buseros y no podrían circular patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) o ambulancias.
“No podríamos hablar de una concesión del carril, yo en lo personal me opongo a esas concesiones”, expresó Martínez.
Los funcionarios detallaron que el proyecto pretende descomplicar la saturación que provocan las 4,163 unidades del transporte colectivo que circulan solo en el área metropolitana de San Salvador, brindar un mejor servicio a los pasajeros y desincentivar el uso de carros particulares porque en la actualidad el parque vehicular es de casi 885,000.
El ministro de Obras Públicas dijo que desde que en la administración de Mauricio Funes se echó a andar el proyecto ha sido el blanco fijo de los ataques de medios de comunicación y grupos económicos a los que afecta la modernización vial. Recordó que desde hace siete años invitaron a todos los transportistas a invertir en el SITRAMSS pero muchos no quisieron y son los que ahora critican y presentan recursos legales. Otros, agregó, viven del subsidio que al transporte da el Gobierno porque administran sus empresas con métodos artesanales. “Es una criatura que está dando sus primeros pasos. Dejemos que siga caminando y no lo torzamos”, comentó.
El 12 de agosto los magistrados Óscar Armando Pineda Navas, José Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Florentín Meléndez admitieron una demanda contra el SITRAMSS en la que los demandantes argumentan que los accionistas de SIPAGO explotan la línea, rutas e infraestructura sin antes haber pedido una concesión a la Asamblea. Señalan, además, que los empresarios se benefician de una inversión que es del Estado, es decir, de los andenes, carril, estaciones de trasbordo y las terminales de integración. La Sala dio al presidente Salvador Sánchez Cerén diez días hábiles para responder.
ARENA ha defendido un argumento similar en la Asamblea. Carlos Reyes, diputado del principal partido de oposición, ha dicho en reiteradas ocasiones que existen irregularidades en la relación entre los accionistas de SIPAGO y el Gobierno. A finales del año pasado también cuestionaban la ejecución de los fondos para la construcción y el atraso de la obra que empezó a funcionar con normalidad hasta mediados de mayo de este año.