“Esta medicina puede crearnos más dificultad”. Así respondió el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, a la propuesta de implementar estados de sitio focalizados en los municipios más violentos de El Salvador.
Este lunes, el ministro y demás funcionarios del gabinete de seguridad fueron citados a la comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa para discutir la iniciativa de algunos legisladores sobre este tema.
Sin embargo, Lara explicó que los estados de excepción lesionan los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, de movilidad y de defensa, lo que “en vez de ayudar a reconstruir el tejido social, agravará la ruptura”, dijo.
El funcionario además enfatizó en que, por ejemplo, si una persona trabaja en un supermercado y sale a las 11:00 de la noche tendrá dificultades para regresar a su casa, ya que pueden confundirlo con un pandillero.
Lara advirtió además que es mejor darle espacio a las asociaciones y directivas de las comunidades para que se organicen y así fortalecer los vínculos de pertenencia de los pobladores, en lugar de establecer estos estados de excepción con fuerte presencia del Ejército.
Lo mejor, aseguró, es reforzar las inteligencias policiales y militares del Estado, algo que hasta el momento “ha dado buenos resultados”, refiriéndose a la captura de 129 supuestos pandilleros vinculados con el paro al transporte colectivo impuesto por amenazas a finales del mes de julio.
«La no organización social no permite enfrentar la delincuencia», afirmó el ministro. Contó, por ejemplo, que en algunas comunidades de San Luis la Herradura, La Paz, la criminalidad se ha enfrentado con directivas y organizaciones de las comunidades.
Por su parte, el comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana, Franzi Hato Hasbún, secundó la posición de Lara asegurando que «lo complicado (de estado de excepción) es que frena la reconstrucción del tejido social. No vamos a militarizar la sociedad, queremos recuperar la sociedad», agregó.