El Gabinete de Seguridad del presidente Salvador Sánchez Cerén dijo no a la propuesta que en 2012 presentó a la Asamblea Guillermo Gallegos, diputado de GANA, de implementar estados de excepción en los municipios que subyugan las pandillas porque prevé que la violencia migrará a otras localidades y se agravará mucho más la inseguridad en la que viven los salvadoreños de a pie.
En una reunión con los diputados de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la Asamblea Benito, Benito Lara, ministro de Seguridad, explicó que derechos como la libertad ambulatoria, de expresión o de defensa quedarían suspendidos si se acepta la iniciativa que, como principal consecuencia, terminará de destruir el tejido social que los Acuerdos de Paz de 1992 no se encargaron de reconstruir después del fin de la Guerra Civil de los años 80. Ejemplificó, además, con el caso de un empleado de supermercado cuyos turnos suelen terminar al filo de la medianoche: su rutina quedará desfigurada.
Lara presentó otro ejemplo a sus excolegas de la Asamblea: el estado de sitio suprime la libertad de expresión que establece el artículo 6 de la Constitución; El Salvador, sin embargo, necesita debatir todavía más cómo combatir la violencia y a eso contribuyen las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO), las directivas de las comunidades, entre otras que serían afectadas. En San Luis La Herradura, recordó, los vecinos de las comunidades se unieron y en la actualidad en algunos cantones se respira un aire diferente al que imponían a punta de pistola el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
“¿El estado de excepción es contra los delincuentes? Pues estos se van (…) no se puede partir que toda la comunidad es parte de esos grupos delincuenciales”, dijo.
El ministro detalló que desde que las pandillas impusieron un paro al transporte colectivo el 27 de julio que afectó unas 142 rutas, la Policía Nacional Civil (PNC) ha capturado a más de 300 sospechosos de los cuales unos 140 enfrentaron audiencia inicial en los tribunales acusados de actos de terrorismo.
”Esta medicina (estados de sitio) puede crearnos más dificultad”, afirmó. El camino a la solución a los 25 asesinatos diarios, las extorsiones y la violencia que sufren los salvadoreños, reiteró como lo ha hecho otras veces, es una buena coordinación entre las inteligencias policial, militar y del Estado, inversión en prevención y reinserción, remozamiento de los 19 centros penitenciarios y otros que, asegura, ya implementa el Gobierno.
Franzi Hato Hasbún, comisionado para la Seguridad, se limitó a secundar las opiniones de Lara: “No vamos a militarizar la sociedad, queremos recuperar la sociedad”.
David Munguía Payés, ministro de Defensa, opinó que es mejor que la Asamblea haga reformas legales antes de suspender derechos constitucionales para enfrentarse a los 60,000 pandilleros y el entorno social con el que viven y que se beneficia de las extorsiones, robos, hurtos, secuestros y el sicariato.
Gallegos aceptó que en el aire se respira el temor que los estados de sitio pueden retroceder en tiempo en El Salvador y volver a los años de la Guerra cuando el ejército los ocupaba como herramienta legal para justificar violaciones a los derechos humanos contra la población que no participaba como combatiente con el FMLN insurgente. Segundos antes había dicho que solo existen dos formas de contrarrestar a los pandilleros: capturándolos o “sacándolos de circulación”.
Rodrigo Ávila y Ricardo Velásquez Parker, diputados de ARENA, coincidieron con el Gabinete en que suspender garantías constitucionales no es la alternativa más feliz ni la que pondrá alto, en este momento, a la violencia.
Antonio Almendáriz, diputado del PCN, sugirió pensar en crear tribunales especializados contra actos de terrorismo o en dar beneficios especiales a los huérfanos de los más de 80 policías asesinados en los últimos tres años.
Después de una ronda de preguntas de los diputados el micrófono volvió a Lara pidió a los diputados tomar en cuenta las medidas que en los gobiernos de ARENA implementaron las autoridades como la segregación de los pandillas en las cárceles y que en la actualidad son vistas como erróneas porque agravaron la violencia o al acuerdo que llegó Colombia de crear un impuesto especial para seguridad luego que murió Pablo Escobar Gaviria. “Las decisiones que tomemos tendrán repercusiones en los próximos años”, señaló.